Las desapariciones forzadas ocurridas durante la dictadura cívico-militar que vivió Uruguay entre 1973 y 1985 son una causa «abrazada» por la sociedad de ese país, que reconoce «la importancia medular del tema».
Así lo destacaron los integrantes del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias, que este jueves presentaron un informe elaborado tras una visita de ocho días al país suramericano.
El presidente-relator del mencionado grupo, Luciano Hazan, indicó en una rueda de prensa que este informe es preliminar y que más adelante se hará uno definitivo que será presentado durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se llevará a cabo en septiembre del próximo año.
«Esto no es una visita que empezó la semana pasada y está terminando hoy, sino que es un proceso que se inicia y que pretendemos mantener en el tiempo», explicó.
En ese sentido, Hazan agregó que le expresaron a las distintas instituciones del Gobierno su «plena disposición a seguir colaborando» con el Estado y con las víctimas en la implementación de sus observaciones.
«La búsqueda tan urgente de las personas desaparecidas es el corazón del derecho a la verdad, pero no es todo el contenido del derecho a la verdad. El derecho a la verdad, que es un derecho individual, pero también colectivo, implica también el conocimiento de las circunstancias en las que ocurrieron las desapariciones forzadas», puntualizó.
Gabriella Citroni, otra de las integrantes del grupo, explicó que buena parte de su labor se centró en las desapariciones forzadas ocurridas entre 1968 y 1973, «durante la época de la actuación ilegítima del Estado».
«Hemos encontrado una sociedad que reconoce la importancia medular del tema de la desaparición forzada. No conozco a otra ciudad en el mundo, posiblemente el interior sea lo mismo, que tenga tantos grafitis, murales con la presencia visible. La sociedad abraza ese tema», remarcó.
No obstante dijo que, aunque en Uruguay hubo avances «tanto en lo legislativo como en el andamiaje institucional», ya es hora de que esa responsabilidad se asuma de manera compartida.
«Desde la más alta institución hasta el último del país. Hay que hacerlo como una tarea impostergable, es una deuda histórica que se ha venido desde cierta forma abrazando pero arrastrando», sentenció Citroni.
En concordancia con esto, Hazan opinó que el derecho a la verdad «debe ser abordado de manera urgente» y remarcó que ya pasaron cinco décadas y «la mayoría de las familias sigue sin saber donde están sus familiares»
Finalmente, Citroni hizo hincapié en el abordaje de las desapariciones actuales de personas que pertenecen a «categorías especialmente vulnerables» como niños, adolescentes y mujeres.
«Esto hay que asumirlo como una tarea urgente. Hay dos cosas que se pueden hacer. Ser mucho más proactivo a la hora de investigar y mucho más a la hora de buscar», concluyó.
EFE
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