Dos empresas accionistas del operador portuario Montecon dieron inicio a los mecanismos de solución de controversias previstos en los Tratados de Promoción y Protección de Inversiones acordados por Uruguay con Chile y Canadá, al argumentar que el país atenta «contra la libre competencia».
En un comunicado, emitido este miércoles por la compañía que opera en el Puerto de Montevideo, explican que el problema tiene su origen en las medidas adoptadas por Uruguay al suscribir un acuerdo con la empresa belga Katoen Natie, que también opera en la principal terminal portuaria.
Según los inversores, dichas medidas «atentan contra la libre competencia» de los operadores portuarios, «restringen el alcance de las habilitaciones portuarias» de Montecon y establecen un monopolio.
«A través de estas medidas, el Estado de Uruguay interviene el mercado de servicios portuarios para favorecer al Terminal Cuenca de Plata S.A., disponer el desvío imperativo de servicios de línea a dicha terminal y establece otra serie de privilegios que en la práctica generan un monopolio de hecho en su favor», dice el documento.
Katoen Natie, empresa dueña del 80 % de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) -el otro 20 % corresponde a la Administración Nacional de Puertos (ANP)-, anunció en marzo de 2021 una operación por valor de 455 millones de dólares para la expansión de la Terminal Especializada de Contenedores del Puerto de Montevideo.
Esta incluía la construcción de una segunda playa de contenedores de aproximadamente 22 hectáreas y un segundo muelle de aproximadamente 700 metros, con una profundidad a 14 metros.
Además, las partes acordaron la extensión de la concesión (iniciada en 2001 y por 30 años) por 50 años más (hasta 2081) y que Katoen Natie diera por concluido el diferendo que tuvo con el Estado uruguayo «por infracciones» al Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Bélgica-Luxemburgo y Uruguay.
La empresa anunció en octubre de 2019 la intención de demandar al Estado uruguayo por el «daño» causado «al favorecer, fomentar y tolerar la existencia de una terminal por fuera del régimen legal aplicable», gestionada por otro operador.
Según palabras del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, el Estado podría haberse enfrentado a un juicio de 1.500 millones de dólares.
Días atrás, tras el anuncio de Montecon de que emprendería acciones contra el Estado uruguayo, Katoen Natie divulgó documentos presentados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo «que confirman las distintas irregularidades constatadas en los muelles públicos en los últimos tres períodos de gobierno”, informó la empresa belga.
Los mandatos a los que se refiere son los de la coalición de izquierdas Frente Amplio, que gobernó con Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) y José Mujica (2010-2015).
EFE
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