Más de 30 organizaciones participaron este jueves en Montevideo en una marcha contra la concesión de la prisión domiciliaria a mayores de 65 años, propuesta por Cabildo Abierto , uno de los socios de la coalición de Gobierno, que podría favorecer a represores de la dictadura.
Bajo la consigna «contra la prisión domiciliaria de los genocidas» miles de personas, con cientos de flores de margarita que representa a estas organizaciones, pancartas, banderas y aplausos, se movilizaron desde la Plaza Libertad hasta la sede del Palacio Legislativo.
«Beneficia a criminales de lesa humanidad, condenados y por condenar. Un proyecto contrario al derecho internacional no construye futuro. Porque entendemos el pasado nos movilizamos para construir el futuro. Una amnistía encubierta que pone en riesgo nuestro futuro», fueron algunas de las proclamas de esta convocatoria.
Uno de los voceros de la organización Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Nilo Patiño, expresó a Efe su indignación por este proyecto que, a su juicio, beneficia a los «terroristas de Estado».
«Estas personas cometieron crímenes de lesa humanidad, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y es un mensaje para la sociedad que si se cometen ese tipo de delitos y mañana se excarcelan por distintas razones, entonces, ¿qué queda para el futuro? Es legalizar la impunidad» afirmó.
Añadió que se trata de «un retroceso que se haga una ley para 25 personas» para «beneficiar» a personas que cometieron delitos.
La propuesta es de Cabildo Abierto, socio de la coalición de Gobierno que lidera el presidente Luis Lacalle Pou (Partido Nacional), cuya justificación es «el principio de humanidad o trato humanitario» ante las condiciones de superpoblación del sistema carcelario y el agravamiento de la situación por la pandemia.
«No se trata de suspender o dejar sin efecto la privación de libertad dispuesta, sino de un régimen alternativo al cumplimiento de la pena de privación de libertad, que tiene como finalidad la protección de la salud, integridad física y psicológica de personas- de edad avanzada- catalogadas como de mayor riesgo por los organismos nacionales e internacionales», añade el documento.
La formación que lidera el exmilitar Guido Manini Ríos presentó esta propuesta en agosto pasado en el Parlamento, pero tanto el partido del presidente como el Colorado, también en la coalición, resolvieron no tratar este asunto hasta el próximo año.
El Frente Amplio, rechazó el plan de inmediato por «la intención de reinstaurar la impunidad sobre las aberrantes acciones desplegadas contra la población durante los años de la dictadura cívico–militar en la que se desarrolló el terrorismo de Estado con un elevadísimo costo en muertes, desapariciones, cárcel, tortura y exilio».
EFE
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