A partir del próximo 25 de agosto, entrará en vigor una modificación a la Ley n.° 18.787, que permitirá la internación obligatoria de personas en situación de calle que presenten descompensaciones graves debido a trastornos psiquiátricos o consumo de sustancias, incluso sin su consentimiento, cuando representen un riesgo para sí mismas o para terceros.
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, encabezó este jueves 22 una reunión en la Torre Ejecutiva para coordinar la implementación de esta normativa. En el encuentro participaron los ministros del Interior, Nicolás Martinelli; de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra; de Salud Pública, Karina Rando; de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat; así como la prosecretaria de Presidencia, Mariana Cabrera. También estuvieron presentes el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Marcelo Sosa; la directora nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Fernanda Auersperg; el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Matías Terra, y el diputado Martín Lema.
Durante la reunión, se discutieron los procedimientos que se implementarán para la aplicación de la nueva normativa. El ministro Sciarra explicó que cualquier persona en situación de calle que presente un riesgo significativo debido a una descompensación por patología psiquiátrica o consumo de sustancias podrá ser internada sin necesidad de su consentimiento. Los equipos técnicos del Mides coordinarán estas intervenciones con ASSE, y serán los profesionales de salud de este organismo quienes certificarán la necesidad de internación.
En casos donde la persona afectada se niegue a ser trasladada, se solicitará la colaboración del Ministerio del Interior para proceder con la internación, señaló Sciarra. Además, una vez que la persona haya sido estabilizada, el Mides se encargará de ofrecer opciones como hogares asistidos o casas de medio camino, dependiendo de la patología asociada.
El objetivo de esta medida, explicó Sciarra, es salvaguardar la vida e integridad de las personas en situación de calle que, debido a su vulnerabilidad por problemas de salud mental o adicciones, se encuentran en grave peligro. La iniciativa busca, asimismo, restituir sus derechos y promover su autonomía.
Por su parte, el ministro Martinelli afirmó que los efectivos policiales están capacitados para abordar estas situaciones, habiendo recibido entrenamiento especializado en la Escuela Nacional de Policía. La intervención policial, destacó, dependerá de las circunstancias específicas y de la respuesta de la persona afectada.
Marcelo Sosa, presidente de ASSE, informó que el organismo dispone de dos ambulancias especialmente equipadas para coordinar el traslado de estas personas en colaboración con los equipos de calle del Mides. En caso de que se constate un riesgo para la vida de la persona o de que pueda ocasionar incidentes con terceros, se procederá a su internación bajo certificación médica. Sosa subrayó que ASSE ha llevado a cabo capacitaciones para asegurar que su personal actúe de manera efectiva en todo el país en este tipo de intervenciones.
Esta nueva normativa ha generado un amplio debate sobre los derechos de las personas en situación de calle y la necesidad de medidas que protejan tanto su salud como la seguridad pública
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