Uruguay está a punto de construir una base de datos de identificación facial con fines de seguridad pública a cargo del Ministerio del Interior, se utilizará para un sistema de vigilancia automatizada mediante algoritmos de reconocimiento facial.
De acuerdo con el Laboratorio de Datos y Sociedad de la organización DATA Uruguay (DATYSOC), es de suma importancia reformar este sistema que fue aprobado en la Ley de Presupuesto en febrero de 2020, ya que el Ministerio recolectará y utilizará información sumamente sensible de las cédulas de identidad que podría vulnerar los derechos humanos de las y los uruguayos.
Para Patricia Díaz Charquero, coordinadora de DATYSOC, resulta especialmente preocupante la amplia discrecionalidad otorgada al Ministerio del Interior en cuanto a los posibles usos de esta base de identificación facial, dado que incluye cualquier tipo de uso con fines de seguridad pública. El concepto de “seguridad pública” es tan amplio que no define los límites de las autoridades públicas para hacer uso de datos personales.
Hacia finales de 2020, más de 20 organizaciones de Uruguay hicieron llegar una carta a la Cámara de Senadores para pedir que se retire del proyecto de Ley de Presupuesto el sistema de reconocimiento facial, destacando que organismos internacionales de Derechos Humanos han advertido sobre los potenciales riesgos de abuso sobre las garantías individuales de las y los ciudadanos.
El Ministerio del Interior ya ha contratado un software de reconocimiento facial automatizado y cuenta hoy con un sistema de 8433 cámaras distribuidas en los 19 departamentos del país, además de los sistemas de vigilancia privada. Cabe señalar que cualquier sistema de reconocimiento facial implica importantes tasas de error, la revisión de datos e imágenes de ciudadanos que no han cometido delitos y un ejercicio de vigilancia pública masiva. Estos sesgos son alarmantes porque los errores podrían dar lugar a acusaciones falsas, arrestos injustificados y un claro quebrantamiento de los derechos humanos.
El uso de esta tecnología implica otros riesgos, por ejemplo: puede ser utilizada para encontrar y arrestar manifestantes u organizadores de protestas, o puede usarse para rastrear a personas a distancia sin su conocimiento, afectando directamente la privacidad de las personas y de la sociedad de manera permanente.
En este sentido, DATYSOC ha decidido impulsar la inclusión de este tema dentro del 5to Plan de Acción de Gobierno Abierto 2021-2025 con el objetivo de generar un compromiso por parte del Ministerio del Interior que permita, al menos, la posibilidad de un debate informado con participación de las múltiples partes interesadas previo a su reglamentación.
DATYSOC planifica realizar un informe de seguimiento procurando una mayor transparencia en cuanto al manejo del tema por parte del Ministerio del Interior y la creación de insumos para una mayor discusión pública. Así, el proyecto buscará generar incidencia a nivel legislativo y de políticas públicas para la protección de los derechos
digitales. Cabe subrayar que DATYSOC fue seleccionado por el fondo Indela (Iniciativa por los Derechos Digitales en Latinoamérica) como uno de los 6 proyectos ganadores para recibir financiamiento y acompañamiento que le facilite alcanzar sus objetivos en 2021.
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