Por Elio García
El 17 de mayo presentamos ante la Alcalde del Municipio de Carmelo unas diez preguntas a responder. Pensamos que tendrían rápida respuesta por lo sencillo del cuestionario que intenta dar luz al proceso de Llamado a Precios para brindar servicios de cámaras de vigilancia en los Barracones del Barrio Lomas.
Pero nos equivocamos. Hoy 15 de junio no recibimos respuesta. Si en esa carta hubiéramos invocado la Ley 18.381, el Municipio de Carmelo tendría plazo legal hasta el día de hoy.
El Capítulo Tercero , Artículo 15 de esa Ley de DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA dice textual: «Cualquier persona física o jurídica podrá formular la petición de acceso a la información en poder de los sujetos obligados. Ante la petición formulada por el interesado, el organismo requerido está obligado a permitir el acceso o, si es posible, contestar la consulta en el momento en que sea solicitado. En caso contrario tendrá un plazo máximo de veinte días hábiles para permitir o negar el acceso o contestar la consulta. El plazo podrá prorrogarse, con razones fundadas y por escrito, por otros veinte días hábiles si median circunstancias excepcionales.»
Pero no lo hicimos y por eso el Municipio de Carmelo, con todo derecho podrá responder cuando se le de la gana, o tal vez nunca. Esto no es un detalle menor, habla claramente de una forma de hacer política.
Si piensan que el Municipio de Carmelo no le responde a un periodista se equivocan.
No le responde a la gente que se informa a través de los medios de comunicación.
Con esta actitud no le responde a la sociedad. A los contribuyentes. A sus votantes. A nuestros lectores.
Nuestro trabajo es periodístico y el compromiso es con los ciudadanos que tienen derecho a conocer la verdad y la forma que se manejan los dineros públicos.
Los sonidos del silencio
Este Llamado a Precios deja muchos interrogantes por responder, más incluso que las diez preguntas que -hasta hoy- la institución municipal no responde.
El 15 de marzo los colegas de El Eco realizaron una entrevista exclusiva al Concejal Eugenio Petit (Frente Amplio) sobre este llamado, en esa nota dice «Existe una disputa por el servicio de seguridad en el predio. Un ex concejal blanco pretende quedarse con el contrato por el sistema de cámaras de vigilancia.»
La nota no menciona quién es el ex concejal, pero sería interesante conocer de dónde surgen las sospechas previas al acto del llamado por parte de ese concejal, donde se habrían realizado esas movidas. ¿En qué ámbito se dio la disputa?, ¿qué herramientas utilizaron para intentar quedarse con el contrato? y ¿cómo instrumentaron las garantías para desarticular esa supuesta»operación»?
Y surge otra pregunta. Posterior a nuestra carta se discutió la posibilidad de realizar nuevamente el Llamado a Precios, pero los Concejales del Frente Amplio se negaron a ello. No necesariamente decimos que tuvo vinculación por las preguntas que hicimos y no nos respondieron.
¿Pero por que sospechaban de arreglos previos? ¿De quién sospechaban? Imagino que de integrantes del Partido Nacional. Yo quiero saber de quién y cómo arreglaron la «cristalinidad» de ese asunto.
Es raro que a nosotros nos pidan preguntas por escrito.
Es raro que no las respondan.
Es raro ya que no respondan a nadie, porque de ese tema hay mucha tela para cortar.
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