La participación de la fiscal adscripta de Carmelo María Belén Maglia en una capacitación sobre crimen organizado, contrabando y lavado de activos, realizada en setiembre en Colonia del Sacramento, se produjo en un contexto departamental marcado por investigaciones que ya habían derivado en condenas por lavado y por operaciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico.
La coincidencia es relevante, pero tiene un límite preciso: la documentación oficial consultada no vincula a Maglia ni a la Fiscalía de Carmelo con esas investigaciones y tampoco establece que la capacitación haya sido organizada como preparación para los procedimientos policiales realizados posteriormente.
Lo que sí muestran los documentos oficiales es que el lavado de activos había dejado de ser una cuestión meramente teórica para los investigadores del departamento.
Colonia ya investigaba el dinero de las organizaciones
Dos días después de finalizada la capacitación, la Jefatura de Policía de Colonia publicó un balance de sus principales investigaciones. Allí informó que la Operación Anfisbena había generado ocho condenas por lavado de activos y que otras cinco correspondían a la Operación Delta.
El dato permite dimensionar el contexto en el que fiscales, jueces, policías y funcionarios de Aduanas y Prefectura se reunieron los días 2 y 3 de setiembre para capacitarse.
La Resolución 659/026 de la Fiscalía General de la Nación estableció que uno de los objetivos de la actividad era fortalecer los conocimientos de los equipos fiscales en “detección e investigación de delitos complejos” y en técnicas de investigación de lavado de activos y su persecución penal.
Por Carmelo fue designada Maglia. También participaron fiscales de Colonia y Rosario, además de representantes de otras sedes.
Una línea investigativa que comenzó antes de 2026
Parte de las grandes operaciones desarrolladas en Colonia tiene una continuidad reconocida oficialmente.
Dos Ríos se realizó en mayo de 2025 e incluyó 16 allanamientos en Montevideo, Colonia del Sacramento, Rosario y Nueva Helvecia. La investigación quedó bajo la Fiscalía Departamental de Colonia de 2.º turno.
En noviembre de ese mismo año se desarrolló Delta, nuevamente con intervención de esa Fiscalía. Hubo 29 condenados y entre los delitos figuraron modalidades correspondientes al lavado de activos.
La Fiscalía de Colonia de 2.º turno estaba integrada en esa investigación por la fiscal Rosina Olmos y las fiscales adscriptas Mariana Viera y Carolina Martínez.
Las tres aparecen posteriormente entre las fiscales designadas para participar en la capacitación de setiembre de 2026 sobre crimen organizado, contrabando y lavado.
La coincidencia puede establecerse documentalmente. Lo que no puede afirmarse, porque ninguna fuente oficial consultada lo señala, es que hayan sido seleccionadas debido a su intervención en Delta.
Golfo continuó investigaciones anteriores
La conexión entre Dos Ríos, Delta y la Operación Golfo, desarrollada en octubre de 2026, sí está expresamente reconocida por el Ministerio del Interior.
Golfo surgió de actuaciones realizadas en las dos operaciones anteriores y comprendió 32 allanamientos en Colonia, Canelones y Montevideo. Más de 100 policías participaron del procedimiento.
Entre los delitos investigados figuraba el lavado de activos.
La operación terminó con 35 personas condenadas, aunque la información oficial difundida posteriormente no permite establecer si alguna de esas condenas fue específicamente por lavado.
La diferencia es importante: que un delito forme parte de una investigación no significa necesariamente que termine siendo objeto de una condena.
Seguir el dinero
El componente patrimonial aparece como uno de los elementos centrales de la estrategia contra las organizaciones criminales.
Después de Golfo, el ministro del Interior, Carlos Negro, señaló públicamente que la persecución del narcotráfico no debía limitarse a detener personas o incautar drogas, sino que también debía alcanzar los recursos económicos de las organizaciones e impedir que las ganancias ilegales se consolidaran mediante mecanismos de lavado.
La orientación coincide con el diagnóstico nacional. La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo identifica al narcotráfico como la principal amenaza nacional en materia de lavado.
Esto permite comprender por qué investigar una organización criminal supone también intentar determinar dónde termina el dinero, quién controla los bienes y mediante qué mecanismos los recursos obtenidos ilegalmente pueden incorporarse a la economía formal.
¿Qué significa la participación de Carmelo?
En el caso de Carmelo, la documentación permite llegar hasta un punto y no más allá.
Está comprobado que Fiscalía consideró de interés que una representante de la sede local participara de una capacitación especializada en detección de delitos complejos, crimen organizado y lavado de activos.
No está comprobado que esa decisión responda a la existencia de investigaciones de ese tipo en Carmelo.
Tampoco existe en la documentación oficial consultada una vinculación de Maglia con Dos Ríos, Delta, Anfisbena o Golfo.
Hay, además, otro elemento que aconseja cautela: Maglia ingresó en 2026 como fiscal adscripta de la Fiscalía Departamental de Carmelo y ya había participado en mayo de otra capacitación, aquella vez sobre procedimientos de investigación en entornos digitales. Su asistencia a diferentes instancias puede formar parte de su proceso ordinario de formación profesional.
Las preguntas que siguen abiertas
El contexto, sin embargo, deja interrogantes de interés público.
¿Por qué Carmelo fue una de las fiscalías seleccionadas para la capacitación? ¿La designación respondió solamente a un criterio territorial y de formación o también a necesidades detectadas en la región?
¿Qué mecanismos existen para que las fiscalías de Carmelo, Colonia y Rosario coordinen actuaciones cuando una organización opera en distintas jurisdicciones?
¿Existen actualmente investigaciones por lavado de activos o crimen organizado bajo la órbita de la Fiscalía de Carmelo?
Y una pregunta más amplia surge de las operaciones realizadas en Colonia: además de detenidos, drogas y armas, ¿qué ocurrió con el patrimonio atribuido a las organizaciones investigadas?
Las respuestas no están en la Resolución 659/026.
La resolución sí deja documentado que, mientras Colonia acumulaba investigaciones y condenas vinculadas al lavado de activos, Fiscalía consideró necesario reforzar la preparación de operadores de la región —incluida Carmelo— para detectar e investigar precisamente este tipo de delitos.
Establecer si existe algo más que esa coincidencia requiere información oficial adicional. Hasta entonces, cualquier conexión específica entre la capacitación, la Fiscalía de Carmelo y las grandes operaciones desarrolladas en el departamento sería una conclusión que los documentos disponibles no permiten sostener.
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