En la Cámara de Senadores, en la Comisión de Presupuesto integrada por Hacienda, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas sugirió una modificación en el artículo 236 de la Ley 16320, que vendría como anillo al dedo para las embarcaciones existentes en el Arroyo de las Vacas.
El Senador Daniel Bianchi acercó a Carmelo Portal el nuevo articulado, allí surge que la Dirección Nacional de Hidrografía y la Administración Nacional de Puertos tienen competencia para intimar vía administrativa la movilización de embarcaciones ubicadas en el área portuaria de los puertos bajo su jurisdicción y en cualquier vía navegable.
En el nuevo texto señalan que aquellas embarcaciones que no hubieran satisfecho sus obligaciones con la Dirección Nacional de Hidrografía o con la Administración Nacional de Puertos durante tres meses serán notificadas y se les intimará la situación de irregularidad. Los propietarios tendrán un plazo de diez días para la movilización de la embarcación o cumplimiento de las obligaciones con la Dirección Nacional de Hidrografía.
Un artículo a medida
La nueva redacción del artículo 236 supone una solución a la medida no solo de la situación que se da en el Arroyo de las Vacas con las embarcaciones depositadas, sino también similares problemas que existen en el Puerto de Montevideo dijo una fuente consultada.
El problema es que de acuerdo a información que accedió Carmelo Portal, el Ministro de Transporte y Obras Públicas Víctor Rossi, no tendría la idea de desguazar las embarcaciones del Arroyo de las Vacas, sino trasladarlas. Análisis técnicos de ese escenario que se habrían realizado hablan que sería imposible remolcarlos, primero porque no soportarían debido al estado innavegable de la gran mayoría, lo que representaría un peligro; y segundo porque el costo alcanzaría la suma de treinta mil dólares -por embarcación- llevarlos al puerto de Montevideo.
A nivel judicial el tema se resolvería mediante un remate. Los propietarios de las embarcaciones que se encuentran en el Arroyo de las Vacas están en China y no hay señales que vengan hacerse cargo.
Por más que sean considerados en estado de abandono y lo decomisen, la pregunta que surge es ¿a quién le cobra el Estado los gastos de todo?. La solución más cercana es el remate. Y que sean desguazados en ERCNA o en zonas aledañas, nos indicaron fuentes consultadas.
