Un exceso de “amparos” en excepciones del TOCAF, altos costos, despilfarro, precarización laboral para los uruguayos, falta de visión y planificación así como la pésima gestión de los recursos humanos, la falta de transparencia y de buenos criterios de administración, saltan a la vista. La constante privatización de los servicios, que entre un 80% y 90% el BROU lo justifican en la falta de personal, y cómo los vínculos del poder tienen como objetivo la pérdida de mercado del Brou, en favor de la banca y de las empresas privadas, está demostrado. De hecho, en el sector informático del Brou, en poder “de 10 trasnacionales” según publica Brecha (El desguace, 18/08/2017), conviven 148 trabajadores de empresas privadas, con 177 trabajadores presupuestados. Ahora ustedes deciden.
Polgar, el asesor y el concuñado; las Pyme, la Agencia Nacional para el Desarrollo, el Fondes y el Banco Mundial…
Por ley de 2015, el Fondo para el Desarrollo (FONDES) se dividió en: Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP, a cargo del ex Diputado por el Partido Socialista Frente Amplio y ex Consejero Central de Aebu por la Agrupación 98, Gustavo Bernini), y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE, creada por Ley de 2009 para las micro, pequeñas y medianas empresas, a cargo del Cr. Martín Dibarboure, ex Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Corporación Nacional para el Desarrollo).
Álvaro Correa, asesor de Jorge Polgar, es uno de los tres directores de ANDE. Dibarboure y Polgar son concuñados, ambos son yernos de Jorge Brovetto, el ex Ministro de Educación y ex Presidente del Frente Amplio.
ANDE es capitalizada por la Corporación Nacional de Desarrollo (CND) y por el BROU; profundiza, como vimos, en iniciativas del sector empresarial privado, colaborando para su coordinación con organismos públicos. Actúa bajo la órbita directa del Ministerio de Economía y Finanzas.
Según Subrayado, mientras ANDE tiene U$S 60.000.000 para administrar, el ala cooperativa está en problemas, debido a que el BROU debe “presentar su balance consolidado incluyendo a sus sucursales en el exterior”, por lo que no aportará a Rentas Generales por un tiempo. La implementación de Basilea III obliga al Banco a capitalizar, esta implementación se produce a partir de la crisis financiera del 2008 para contrarrestar un mayor riesgo; entre otras consecuencias, los Bancos tendrán menos dinero para prestar.
A su vez, esto se refleja en la ciudadanía en un aumento de los porcentajes del salario líquido que deben percibir. Sin embargo, a la vez que ellos aumentan, y por ende se otorgan menos préstamos, los límites para operar con tarjetas de crédito aumentaron. El economista José Rocca advierte que, a partir de la Ley de Inclusión “el dinero de trabajadores y jubilados debe pasar por un intermediario que lo recibe en una ventanilla de manera gratuita mientras que del otro lado del mostrador cobra intereses de usura por prestarle ese dinero incluso al mismo asalariado. Los banqueros además obtienen mejores instrumentos para facilitar el cobro directo de sus préstamos”.
El Banco Mundial afirma que la inclusión será la herramienta para luchar contra los 2.200 millones de pobres que hay en el mundo. Según la politóloga Beatriz Stolowicz, citada por el economista Gustavo Melazzi “Las transferencias gubernamentales proveen una atractiva oportunidad para llevar a los no bancarizados a servicios financieros formales a través de un consistente flujo de dinero a las cuentas. Menciona la “seguridad” para los más pobres, y agrega que la “inclusión” de sus ingresos“… probablemente permanecerán en la cuenta durante algún tiempo. Esto, a su vez, puede dar lugar a más transacciones que generen comisiones, y permitir la función de intermediación para obtener intereses de los fondos desde que se depositan hasta que se retiran, sostiene el economista.
A su vez, Melazzi afirma que en 2008 “se crea la Alianza para la Inclusión Financiera, en la cual están integrados todos los países de la América Latina continental” y que “esta bancarización forzosa (esencialmente, los salarios) pone a disposición de los bancos una inmensa masa de dinero para que operen con ella; los trabajadores financian gratuitamente al capital bancario”.
Volviendo al FONDES, y según Subrayado (14/07/17) “El Parlamento pidió a la Justicia que investigue los préstamos del Fondes a cooperativas como Alas U (ex Pluna), Envidrio (ex Cristalerías del Uruguay), Urutransfor (ex Mak que fabricaba transformadores eléctricos), Cooperativa Obreros Empalme Olmos (ex Metzen y Sena), Pressur (eximprenta de Nueva Helvecia), Cotrapay (ex Paylana) y Funsacoop (ex Funsa).”
Álvaro Correa, el asesor, “posee vasta experiencia en tareas de gerenciamiento y consultoría de empresas públicas y privadas”, afirma la página de ANDE, la que posee entre sus cometidos: “Promover, articular y coordinar las acciones de los actores públicos y privados vinculados al desarrollo económico productivo, de modo de potenciar las sinergias entre ellos y aprovechar al máximo los recursos disponibles.” (Ley 18.602). En particular, el apoyo a Pymes.
Actualmente, ANDE lanzó un “Plan de incentivos para el desarrollo de servicios financieros en pequeñas localidades” subsidiados y con garantía de cobro de facturas, es decir, pago de comisiones por parte del Estado, o dicho en otras palabras: en los 95 emprendimientos “deberán poder pagarse: UTE, OSE, Servicios de telefonía, Patente Única (SUCIVE),Tributos departamentales, Tributos nacionales (DGI – Impuesto de Enseñanza Primaria), Aportes BPS, Solicitudes ingresadas a través del Portal del Estado, para Cédula de Identidad y Partidas de Nacimiento”.
No en vano el Brou resolvió fusionar agencias y cerrar parcialmente sucursales. Las agencias que cierran dejan en su lugar atención con agenda para las Pymes, resorte de la ANDE. Las sucursales que pasan a Microbanca son despojadas de sus carteras de crédito para luego pasar a cerrar parcialmente. Mientras tanto, ANDE larga una iniciativa para servicios financieros privados, por un lado, y por otro, convoca a interesados en dar préstamos bajo la modalidad de Microfinanzas.
En definitiva, el BROU está subvencionando su propia privatización.
La categorización de Agencias y Sucursales permite al Brou, discrecional y unilateralmente, rebajar la categoría de una dependencia. A partir de allí, ya sin su cartera de crédito y sin personal mínimo, son condenadas a permanecer en esa categoría y se las castiga, junto a los pobladores de la localidad, al cierre del servicio 2 veces por semana. Las supuestas tareas de “valor agregado” que deben realizar los trabajadores bancarios, excusa para el cese de la atención al público y los cierres de cajas, tal como surge de la propuesta del 16 de agosto, no han sido planificadas ni se están llevando adelante.
Es frecuente la apertura de corresponsales ni bien el Brou cierra o anuncia su cierre. Por citar algunos, en Migues abrió un Abitab y en Nuevo Berlín, el Banco vendió propiedades linderas con la Sucursal y ahora hay un Red Pagos.
