La discusión sobre la creación de la Universidad de la Educación puede parecer, a primera vista, un largo debate institucional que Uruguay intenta finalmente cerrar. Pero detrás del nombre, de la estructura de gobierno y de la discusión parlamentaria existe una cuestión bastante mayor: qué significa convertir la formación de maestros, profesores, educadores sociales y otros profesionales de la educación en formación plenamente universitaria.
Ese es, probablemente, el punto desde el cual debe leerse la posición que comienza a construir la Universidad de la República.
La Udelar no cuestiona la necesidad de una formación universitaria para los educadores. La ha defendido públicamente durante años. Lo que coloca ahora sobre la mesa es otra pregunta: ¿alcanza con crear una universidad para producir formación universitaria?
Los informes que estudia el Consejo Directivo Central antes de pronunciarse sobre el proyecto de ley muestran que la respuesta, desde la tradición de la Udelar, es más compleja.
Un grupo de trabajo de la Asamblea General del Claustro valoró expresamente “la importancia que implica el nivel universitario de la formación docente”, pero observó que el proyecto debería explicar mejor por qué esa transformación es necesaria. Su señalamiento más significativo apunta al corazón del problema: la fundamentación no desarrolla suficientemente por qué quienes forman educadores deberían ser, además de docentes, investigadores. La observación parece técnica. No lo es.
Una universidad no es solamente un lugar donde se dan clases
Desde la concepción universitaria que históricamente ha defendido la Udelar, una universidad no se define exclusivamente por los títulos que entrega.
Implica producir conocimiento, enseñarlo, discutirlo, vincularlo con la sociedad y someterlo permanentemente a revisión. Enseñanza, investigación y extensión no aparecen como actividades independientes, sino como partes de una misma cultura académica.
En 2021, el Consejo Directivo Central de la Udelar reafirmó que la formación de los profesionales de la educación debía adquirir carácter universitario, con autonomía y cogobierno y dentro del sistema público. La resolución agregó una condición particularmente relevante: las propuestas académicas debían combinar generación de conocimiento, enseñanza y extensión.
La posición tiene antecedentes mucho más antiguos. En 2007, mientras Uruguay discutía una nueva arquitectura para su educación terciaria, la Udelar propuso avanzar hacia un sistema nacional integrado por distintas instituciones públicas, gratuitas, autónomas y democráticamente cogobernadas, coordinadas entre sí. Es decir: la Universidad de la República no planteaba conservar para sí el monopolio de la educación universitaria. Por el contrario, aceptaba y promovía su diversificación. Allí aparece una clave para entender la discusión actual.
Para la Udelar, la creación de otra universidad pública no constituye necesariamente una pérdida de territorio. Puede representar la construcción de un verdadero sistema universitario nacional.
Pero para que eso ocurra, la nueva institución debe ser efectivamente universitaria.
El cambio profundo: del docente que recibe conocimiento al docente que también lo produce
Tal vez el cambio más importante que propone la Universidad de la Educación no esté en su organigrama. Está en la profesión docente.
La universidad supone que el conocimiento sobre educación no llega terminado hasta quien enseña. También puede ser producido por quienes trabajan cotidianamente dentro del sistema educativo.
Un maestro puede investigar procesos de alfabetización. Un profesor puede generar conocimiento sobre la enseñanza de su disciplina. Un educador social puede estudiar sistemáticamente las prácticas desarrolladas en determinados contextos. La experiencia educativa deja así de ser solamente objeto de aplicación y pasa también a convertirse en objeto de investigación.
El propio proyecto del Poder Ejecutivo coloca ese principio en su fundamentación: plantea una universidad dedicada a la formación en educación que integre investigación, enseñanza y extensión y que desarrolle formación de grado y posgrado. También sostiene que la generación de conocimiento científico vinculada a la formación de los futuros educadores puede incidir en la calidad del sistema educativo.
Eso cambia considerablemente la discusión. El título universitario deja de ser el objetivo final para convertirse en una consecuencia de algo mayor: la transformación de un campo profesional en un campo capaz también de generar conocimiento propio.
Una discusión uruguaya que viene de lejos
El debate tampoco comenzó en 2025 ni en 2026.
La exposición de motivos del propio proyecto recupera una discusión que atravesó buena parte de la historia educativa uruguaya: la tensión entre una formación fuertemente ligada a la cultura académica y otra organizada alrededor de la especificidad profesional y pedagógica.
El documento recuerda incluso la conocida controversia entre Carlos Vaz Ferreira y Antonio Grompone. El primero advertía sobre el riesgo de separar excesivamente la enseñanza secundaria del ambiente universitario y terminar subordinando la formación a necesidades inmediatas. Grompone defendía, en cambio, la necesidad de una preparación específicamente profesional para enseñar.
La historia terminó produciendo dos desarrollos diferentes: la Facultad de Humanidades y Ciencias y el Instituto de Profesores Artigas.
El proyecto actual propone, en cierto modo, una síntesis contemporánea de aquella discusión: conservar la especificidad pedagógica construida por la formación docente y, al mismo tiempo, incorporar de manera estructural investigación, producción de conocimiento y vida universitaria.
Es una ambición considerable. Y allí aparece también el mayor riesgo.
¿Transformar lo que existe o empezar nuevamente?
Uno de los cuestionamientos más relevantes realizados desde la Asamblea General del Claustro de la Udelar es particularmente sencillo de formular: ¿la nueva universidad transformará la actual institucionalidad de formación docente o se fundará un actor nuevo desde cero?
La diferencia es enorme. Uruguay no está partiendo de una hoja en blanco.
La formación docente posee instituciones, carreras, docentes, estudiantes, tradiciones pedagógicas y presencia territorial acumuladas durante décadas. El propio proyecto reconoce que el Consejo de Formación en Educación cuenta con sedes distribuidas en todo el territorio y señala que desde 2005 se desarrollaron cambios orientados a construir una cultura universitaria, incluyendo investigación, posgrados en cooperación con otras instituciones y espacios de participación.
Por eso la transición importa tanto como el diseño final. Crear una universidad puede significar potenciar esa acumulación.
Pero también podría producir una superposición institucional si no se define con precisión qué ocurre con las estructuras, las personas, los recursos, las carreras y las capacidades ya existentes.
No es una cuestión administrativa. Es decidir qué conocimiento institucional se conserva y qué se transforma.
Autonomía y cogobierno: mucho más que una forma de elegir autoridades
El segundo gran asunto es el gobierno de la futura universidad. La Udelar reafirmó frente a este proyecto la vigencia de los principios de autonomía y cogobierno como elementos fundamentales de una institucionalidad universitaria.
Para comprender el peso de esa afirmación hay que mirar la historia de la propia Universidad de la República.
Su autonomía y su cogobierno no son solamente procedimientos administrativos. Forman parte de un modelo que se consolidó con la Ley Orgánica de 1958 y que establece que docentes, estudiantes y egresados participan en las decisiones de la institución.
La autonomía, además, está inscripta en la arquitectura constitucional uruguaya. El artículo 202 de la Constitución establece que la enseñanza pública superior será regida por uno o más consejos directivos autónomos y dispone que los entes de enseñanza deben ser escuchados por el Parlamento cuando se elaboran leyes relativas a sus servicios. Es precisamente en ese marco que la Udelar fue consultada sobre el proyecto actualmente en discusión.
La pregunta de fondo es hasta dónde llegará esa autonomía. Porque una universidad produce conocimiento sobre asuntos que pueden incomodar al propio Estado, cuestionar políticas públicas o revisar prácticas instaladas dentro del sistema educativo.
La autonomía académica adquiere entonces una dimensión concreta: ¿podrá la futura Universidad de la Educación investigar libremente el mismo sistema educativo público del que proviene y para el cual forma profesionales?
Ese es uno de los atributos decisivos de una universidad.
La libertad de investigar
La Dirección General Jurídica de la Udelar detectó precisamente un punto sensible en el proyecto.
Según el informe conocido por El País, el artículo referido a la libertad de cátedra desarrolla la libertad para planificar cursos y actividades educativas, pero no menciona expresamente otro componente que Jurídica considera inseparable de la libertad académica: la libertad de investigación. La diferencia es sustancial.
Un centro de formación puede transmitir conocimiento producido en otros ámbitos.
Una universidad debe estar en condiciones de producir conocimiento nuevo y de hacerlo con independencia académica.
Eso incluye investigar problemas incómodos, evaluar políticas, discutir reformas, cuestionar métodos de enseñanza y producir evidencia incluso cuando sus conclusiones contradigan decisiones gubernamentales o institucionales.
Por eso la libertad académica no constituye un detalle jurídico. Es una garantía de funcionamiento universitario.
El tercer actor puede cambiar todo el sistema
Uruguay tiene hoy dos universidades públicas: la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica.
La creación de la Universidad Nacional de la Educación incorporaría un tercer actor. Pero el verdadero salto no estaría simplemente en pasar de dos instituciones a tres.
La posibilidad más relevante es construir algo que Uruguay viene discutiendo desde hace casi dos décadas: un sistema público de educación terciaria en el cual las instituciones no funcionen como islas.
La Udelar defendía ya en 2007 una red nacional que facilitara el tránsito de estudiantes y docentes entre instituciones. En 2021 volvió a plantear que no aspiraba al monopolio de la enseñanza superior, sino a una red de instituciones públicas coordinadas.
La futura Universidad de la Educación podría darle una escala nueva a esa idea. Un estudiante de profesorado podría realizar trayectos académicos vinculados con facultades de Ciencias, Humanidades, Artes o Ciencias Sociales. Investigadores de distintas universidades podrían trabajar sobre problemas educativos comunes. Los posgrados podrían articular capacidades hoy dispersas. Los créditos podrían reconocerse entre instituciones y docentes y estudiantes podrían circular por un sistema más integrado.
El proyecto del Poder Ejecutivo identifica precisamente la movilidad académica y el reconocimiento de créditos como parte de sus objetivos.
La alternativa es menos ambiciosa: tres universidades públicas coexistiendo, pero escasamente relacionadas.
Por eso la palabra decisiva quizá no sea creación. Es sistema.
También se juega el territorio
Hay otro elemento que desde Carmelo y desde el interior del país adquiere especial importancia.
La formación docente posee una territorialización histórica excepcional. El proyecto reconoce que el Consejo de Formación en Educación consolidó presencia en los 19 departamentos.
La futura universidad heredará, si esa continuidad finalmente se establece con claridad, una condición que a la propia Udelar le llevó décadas construir: presencia educativa distribuida territorialmente. Eso abre una posibilidad de enorme alcance.
La nueva institución podría convertirse desde su nacimiento en una universidad nacional no concentrada en Montevideo.
Pero también obliga a responder preguntas que el informe de la Asamblea General del Claustro considera insuficientemente desarrolladas: cuántos estudiantes y docentes integran actualmente la formación en educación, cómo están distribuidos y cuál es la cobertura real en cada departamento.
Sin esas respuestas resulta difícil conocer la dimensión de la universidad que se está creando.
Y mucho más difícil calcular los recursos humanos, académicos y presupuestales necesarios para que el cambio no sea solamente nominal.
Lo que la Udelar está preguntando
Vista desde esta perspectiva, la posición que construye la Udelar no puede reducirse a estar “a favor” o “en contra” de la Universidad de la Educación.
Sus antecedentes indican algo bastante diferente. La Universidad de la República viene defendiendo desde hace años la formación universitaria de los educadores, una educación terciaria pública diversificada y la coexistencia de instituciones autónomas y coordinadas.
Pero precisamente por esa trayectoria coloca una exigencia mayor sobre la palabra universidad.
Su pregunta podría resumirse así:
¿estamos creando una universidad porque queremos cambiar el nombre y el estatus de la formación docente, o porque queremos cambiar la forma en que Uruguay forma a quienes enseñan, produce conocimiento sobre educación y construye su sistema universitario?
La diferencia entre ambas posibilidades es enorme.
¿Hacia dónde vamos?
Uruguay tiene ante sí una decisión que excede largamente a los estudiantes y docentes de formación en educación.
La Universidad de la Educación puede convertirse en una institución que otorgue títulos universitarios.
O puede representar algo bastante más profundo: la incorporación definitiva de los profesionales de la educación a un ambiente donde enseñar, investigar y producir conocimiento formen parte de una misma actividad académica.
Puede ser una tercera universidad pública. O puede ser la pieza que obligue finalmente a construir un verdadero sistema nacional de educación superior pública.
Puede heredar y potenciar la extraordinaria red territorial de formación docente.
O puede crear una nueva estructura sin resolver adecuadamente cómo se integra la acumulación institucional existente. Puede adoptar formalmente autonomía y cogobierno.
Puede convertir esos principios en herramientas reales para garantizar libertad académica, participación y producción independiente de conocimiento.
Eso es lo que está en juego.
El proyecto enviado al Parlamento sostiene que Uruguay no se encuentra ante una refundación, sino ante la necesidad de adaptar una larga tradición de formación docente a los desafíos contemporáneos. La Asamblea General del Claustro de la Udelar introduce, sin embargo, una advertencia especialmente pertinente: los antecedentes históricos no bastan si no existe una fundamentación prospectiva clara.
Dicho de otra manera: conocer de dónde venimos es imprescindible. Pero una universidad se crea para las próximas décadas.
La pregunta que el Parlamento deberá responder no es solamente si Uruguay quiere una Universidad de la Educación. Es qué universidad quiere construir y para qué país.
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