Montevideo – El ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó este lunes que el sistema penitenciario uruguayo necesita una reforma “seria y responsable” que aborde de forma estructural los problemas de hacinamiento, violencia y condiciones de vida en las unidades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Lo hizo en una conferencia de prensa tras el incendio ocurrido en la Unidad N.º 4 de Santiago Vázquez, donde murieron cuatro internos.
Acompañado por la directora del INR, Ana Juanche; el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, y el director de la Policía Nacional, José Azambuya, el ministro subrayó que el actual estado del sistema responde a políticas adoptadas por el Gobierno anterior. En particular, señaló a la Ley de Urgente Consideración (LUC) como expresión de una visión que privilegió la reclusión como respuesta a la inseguridad.
Negro indicó que el Ministerio del Interior no impulsará por sí solo los cambios, sino que promoverá “un diálogo profundo” con todos los actores institucionales involucrados. “Este proceso no será inmediato, pero debe encararse con la participación de todas las agencias vinculadas al sistema penitenciario”, sostuvo.
Hacia un nuevo modelo de gestión
Entre las medidas propuestas, Negro destacó la necesidad de crear un Ministerio de Justicia. “La gestión penitenciaria no puede seguir dependiendo del Ministerio del Interior, porque su rol principal está en la seguridad pública”, argumentó.
Asimismo, señaló que se está elaborando un plan de acción para abordar los problemas del módulo de rehabilitación en las cárceles. El plan incluirá mejoras en infraestructura, atención a la salud mental de los internos y calidad de la alimentación.
“La conmoción que generan tragedias como la de Santiago Vázquez no puede traducirse en respuestas inmediatas y preventivas. Necesitamos transformaciones de fondo”, afirmó el ministro.
Una responsabilidad compartida
Por su parte, Juan Miguel Petit insistió en que la responsabilidad sobre el sistema penitenciario recae en los tres poderes del Estado. “El Judicial, por ser el que dispone la privación de libertad; el Ejecutivo, que implementa las medidas; y el Legislativo, que ejerce el control”, explicó.
El comisionado parlamentario valoró el trabajo que desarrollan los equipos del INR y destacó el rol de la comisión bicameral del Parlamento, que, dijo, “cumple una función clave en el impulso del diálogo interinstitucional”. Para Petit, la necesidad de reformar el sistema es evidente: “Hay que pensar en dimensiones distintas”, concluyó.
Comentarios