Por Alejandro Prieto
La izquierda exhibió músculo al concretar a tiempo, pese a los obstáculos de la pandemia, las firmas necesarias para la celebración de un referéndum en el país contra la que consideran «regresiva» ley estrella del Gobierno de Luis Lacalle Pou .
Si bien no dejaron de juntar las papeletas restantes hasta el último minuto, porque ya estacionado el camión que las trasladó este jueves a la sede de la Corte Electoral en Montevideo apareció una más suelta, para los partidarios del referéndum este fue un día de fiesta.
Con la entrega de cerca de 800.000 firmas, la organización «Yo Firmo» -integrada por colectivos políticos y sociales-, dio su primer paso para intentar derogar 135 de los 476 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada el 9 de julio de 2020.
«EL PODER DEL PUEBLO»
Acompañado por una caravana de automóviles, un autobús y varios ciclistas, un camión en el que se leía «El poder de tu firma. El poder del pueblo» marchó por la avenida central de Montevideo desde la sede de la central sindical uruguaya, el PIT-CNT, ante el aplauso y los bocinazos de centenas de simpatizantes.
Tras casi una hora de recorrido, finalmente el vehículo llegó a la Corte Electoral, donde comenzó la descarga de una gran cantidad de cajas azules a lo que, con mascarillas pero agolpándose para filmar o fotografiar, los militantes parecían aliviados y esperanzados por el logro.
Dentro de estas estaban las papeletas en que más del 25 % del padrón electoral -cantidad necesaria para lograr un referéndum en Uruguay- firmó para pedir la consulta popular sobre derogar 135 artículos de la LUC.
El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, ingresó una de las primeras, mientras otra viajó en las manos de Javier Miranda, presidente de la coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020 y hoy está en la oposición, el Frente Amplio (FA), mientras los presentes coreaban: «El pueblo unido jamás será vencido».
Una vez entregadas las firmas, que contabilizaron 797.261, la Corte Electoral tendrá 150 días para estudiarlas y 120 más para fijar la fecha de la votación que decidirá si se aprueba el referéndum.
UNA LEY SIN DEBATE
Esta normativa, que salió desde el Ejecutivo, fue aprobada en julio de 2020 con plazos reducidos -de ahí el rótulo «urgente»-, con la mayoría de la coalición de Gobierno y consiste en un paquete de normativas referidas a políticas de salud, seguridad, educación y empresas públicas, entre otras.
Dicha ley fue parte del acuerdo de los partidos que gobiernan como coalición.
El grueso de su articulado despertó rápidamente una reacción negativa por parte del PIT-CNT, quien reclamó que, entre otras cosas, la ley restringe el derecho a la huelga, precariza el acceso a la vivienda y mercantiliza la educación pública.
En diálogo con Efe este jueves, Abdala aseguró que la LUC es «una ley de carácter regresivo» que se desarrolló «bajo un formato que está previsto para algo realmente urgente».
Así recalcó que, sin dar tiempo al debate, el gobierno aprobó «casi 500 artículos que versan en materia de las formas de participación del Estado en la economía, las empresas públicas, la educación, la seguridad, las relaciones laborales, los contratos de alquiler».
Asimismo, el sindicalista reconoció el esfuerzo de quienes, mes a mes, y pese a la pandemia, garantizaron un diálogo cercano con los ciudadanos para que, una vez informados, decidieran si querían firmar.
Entre estos militantes se encontraban los partidarios del FA pero también algunos grupos de los oficialistas PC y PN, que -sin estar contra la LUC- decidieron que era válido habilitar la consulta popular, mientras que otro grupo independiente promovió -sin éxito- derogar la ley completa.
«Creo que ha habido una inflexión desde el punto de vista político-social, porque va a haber referéndum y esta ley se va a refrendar con la participación y el voto del pueblo», concluyó Abdala.
EFE
Comentarios