La capacitación de funcionarios de las 19 intendencias en el uso ético de la inteligencia artificial incorporó un elemento singular al debate sobre la transformación tecnológica del Estado uruguayo. Durante la presentación del convenio entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y UNESCO, el presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso, vinculó los desafíos de la inteligencia artificial con una encíclica del papa León XIV y su reflexión sobre la tecnología.
La referencia resulta especialmente interesante no tanto por su dimensión religiosa, sino por el lugar que ocupa dentro del discurso utilizado para fundamentar una política pública. Uruguay posee una extensa tradición de separación institucional entre el Estado y las confesiones religiosas, mientras que la Iglesia Católica mantiene, como ocurre con otras organizaciones de la sociedad civil, capacidad para producir ideas e intervenir en debates éticos y sociales.
En ese contexto, la cita permite observar cómo se construyen actualmente los argumentos alrededor de un problema nuevo para las administraciones públicas: quién establece los límites éticos cuando una tecnología comienza a intervenir en decisiones, procedimientos y servicios estatales.
Una coincidencia entre fuentes diferentes
Enciso sostuvo que desde una perspectiva “macro” podía establecerse una relación con la encíclica del papa León XIV, en la que existe un llamado de atención respecto de que la inteligencia artificial “no es neutra” y de que puede utilizarse tanto para fines positivos como negativos. El comunicado oficial del Congreso de Intendentes recoge expresamente esa referencia.
La alusión tiene un respaldo documental identificable. En Magnifica Humanitas, publicada el 15 de mayo de 2026, León XIV dedica varios apartados a la inteligencia artificial y sostiene que su utilización deja de constituir una cuestión exclusivamente técnica cuando interviene en procesos capaces de afectar derechos, oportunidades, reputación o libertad de las personas. La encíclica coloca además la responsabilidad humana, la transparencia y la gobernanza entre los elementos centrales de ese análisis.
Lo metodológicamente relevante es que esa reflexión religiosa converge, desde fundamentos diferentes, con conceptos que ya forman parte de los marcos institucionales utilizados por Uruguay y organismos internacionales.
La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2030 establece como objetivo desarrollar y utilizar estas tecnologías de manera ética, responsable y segura, con principios relacionados con transparencia, inclusión, protección de derechos y seguridad jurídica. Uruguay, además, adhirió en 2023 a la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de UNESCO.
La ética convertida en capacidad del Estado
El convenio anunciado el 27 de agosto permite trasladar esa discusión desde los principios generales hacia el funcionamiento cotidiano de la administración. OPP y UNESCO capacitarán inicialmente a 80 funcionarios pertenecientes a los 19 gobiernos departamentales, mediante formación certificada, un Laboratorio de Ideas sobre IA Ética y acompañamiento técnico especializado.
Aquí aparece probablemente el aspecto institucional más relevante. Para el Estado, hablar de ética de la inteligencia artificial no supone únicamente formular principios, sino desarrollar capacidades para determinar cómo se utilizan los sistemas, qué información procesan, quién controla sus resultados y dónde permanece la responsabilidad de los funcionarios.
Uruguay ya había comenzado ese recorrido antes de este convenio. La estrategia nacional fue elaborada mediante un proceso coordinado por Agesic y el Comité Estratégico del Sector Público para la Inteligencia Artificial y Datos, con cooperación de CAF y UNESCO, y el país cuenta también con un Observatorio de Inteligencia Artificial en el Estado orientado a promover usos responsables de estas herramientas.
Una referencia religiosa dentro de un debate público laico
La mención de León XIV puede analizarse, entonces, en dos planos diferentes. No modifica el fundamento jurídico de la política pública ni convierte una posición religiosa en una norma estatal. Funciona, dentro del discurso de Enciso, como una referencia intelectual y moral utilizada para contextualizar un problema tecnológico.
Esa distinción resulta central para comprender el fenómeno sin sobredimensionarlo. Una cosa son las fuentes normativas que determinan la actuación del Estado y otra las referencias culturales, filosóficas, académicas o religiosas que los actores políticos incorporan a sus discursos para explicar el sentido de determinadas políticas.
En este caso conviven ambos niveles: UNESCO aporta estándares internacionales; Agesic y el Estado uruguayo disponen de una estrategia y una arquitectura institucional propias; y el presidente del Congreso de Intendentes incorpora, además, una reflexión procedente de la doctrina social católica.
La coincidencia entre esas fuentes no significa que tengan la misma naturaleza ni autoridad. Sí muestra hasta qué punto la inteligencia artificial está desplazando la discusión desde el terreno exclusivamente tecnológico hacia preguntas más amplias sobre responsabilidad, derechos y decisiones humanas.
Ese puede ser el dato de fondo del convenio. El desafío para las intendencias no consiste solamente en aprender a utilizar inteligencia artificial, sino en formar funcionarios capaces de comprender cuándo utilizarla, bajo qué reglas hacerlo y quién debe responder por sus resultados. En ese terreno, la discusión sobre tecnología comienza inevitablemente a convertirse en una discusión sobre el propio funcionamiento del Estado.
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