En el último semestre no se registraron situaciones graves, ataques o amenazas a la libertad de prensa en Uruguay, según el último informe de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP).
Así lo indicó en su informe pendiente de aprobación para el país suramericano la SIP, que discute los reportes para las diferentes naciones en el marco de su Reunión de Medio Año, que se celebra de manera virtual y abierta al público entre este martes y el jueves.
Si bien indicó que no hubo graves amenazas a la libertad de prensa en Uruguay durante el período, la organización señaló dos situaciones puntuales en la que los trabajadores de los medios de comunicación sufrieron intimidación.
Por un lado, la SIP mencionó que el pasado 20 de diciembre la dirección del periódico local El Observador, que recientemente cambió de propietarios, «consideró que no correspondía» la publicación de una noticia que los periodistas habían redactado.
El artículo se centraba en la revelación de que el ex jefe de la seguridad presidencial Alejandro Astesiano, entonces imputado y luego condenado a prisión por tráfico de influencias, entre otros delitos, había investigado un vuelo personal de la esposa del actual mandatario, Luis Lacalle Pou, separada de él en ese momento.
Si bien, recogió la SIP, las directivas alegaron que no correspondía al diario «entrometerse en cuestiones personales» que no estaban siendo investigadas por la Justicia, los periodistas «consideraron que sí era de interés y publicaron la información en sus redes sociales personales».
Por otro lado, la asociación mencionó una situación ocurrida en el departamento de Cerro Largo, donde la Policía municipal impidió al Canal 12 de Melo la cobertura del desfile de carnaval local pese a que contaban con la autorización pertinente.
Por último, la SIP indicó que la Fiscalía General de la Nación uruguaya continúa investigando las amenazas que recibió el periodista Alfonso Lessa a raíz de una investigación sobre un caso de un hombre que murió durante un tiroteo con la Policía en 2009 y su posible conexión con el asesinato de una mujer.
«La SIP sigue de cerca este caso, así como otros vinculados a denuncias y demandas judiciales, con el fin de identificar si se trata de recursos para acallar críticas y frenar investigaciones periodísticas», redondeó la organización con sede en Miami.
EFE
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