La Suprema Corte de Justicia resolvió reorganizar algunas defensorías públicas en el interior del país.
En efecto, la Acordada nº 8163 (divulgada mediante Circular nº 18/2023) modificó la Acordada nº 7941 de octubre de 2017, que rediseñó la distribución de los recursos en las defensorías públicas del interior con motivo de la entrada en vigencia del nuevo Código de Proceso Penal (ley nº 19.293).
La nueva norma dispuso que actuarán en Colonia dos defensores para la materia penal, ejecución penal y adolescentes infractores, tres defensores en materia de Familia y Familia Especializado y un defensor en material civil, laboral, administrativo, aduana, faltas y víctimas.
En virtud de esta modificación se asignó el tercer cargo de Familia y Familia Especializado al último Defensor que ingresó en la Defensoría Pública de Colonia en materia Penal.
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