A más de un año de haber presentado su proyecto de modificación de la Ordenanza de Ruidos Molestos (1994), en enero de 2022, el edil departamental Gabriel Gabbiani (Partido Colorado – Ciudadanos) manifestó su malestar por la demora con que la Junta Departamental de Colonia analiza el mismo y la falta de definición.
La iniciativa pretende corregir algunos problemas que, a su criterio, lo ameritan, atendiendo a que “la contaminación acústica es uno de los problemas que más aqueja y preocupa a los ciudadanos”.
“En Uruguay, el tráfico y el transporte, así como las fuentes de ocio ruidosas, como pubs, conciertos o discotecas, son las principales fuentes de ruido. Éste afecta a la audición, dificulta la comunicación, incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, produce insomnio, origina estrés, depresión y problemas psicológicos, genera bajo rendimiento laboral, dificulta el aprendizaje al disminuir la capacidad de atención y concentración, e incluso la memoria y la motivación”, expresa en su Exposición de Motivos el edil colorado.
“La Ordenanza de Ruidos Molestos vigente, de 1994, prohibió en las ciudades y centros poblados producir, causar, estimular o provocar ruidos molestos, superfluos o extraordinarios, cualquiera sea su origen, cuando por razones de la hora y lugar o por su grado de intensidad, perturben la tranquilidad o reposo de la población o causen cualquier perjuicio material o moral”, recuerda. Pero agrega que, “lamentablemente, como en tantas otras órbitas del Gobierno Departamental, la fiscalización de dicha ordenanza es casi nula; se lleva a cabo únicamente frente a denuncias específicas, y no como una constante”. Además, “debido a su antigüedad no contempla la aparición de nuevas fuentes de ruidos, entre ellas, los tronadores de los escapes libres de motos y autos.
Asimismo, se observan muchos vehículos con potentes equipos de música instalados en los mismos que se han convertido en una verdadera calamidad para la población sin que la Intendencia le haya puesto freno”.
El edil propone, en consecuencia, “modificar la normativa vigente a efectos de prevenir, vigilar y corregir las causas de la contaminación acústica para proteger al ambiente y la población contra ruidos”.
La reforma incluye a pubs, paradores, gimnasios, gyms, centros fitness y similares en las zonas urbanas y suburbanas -hasta ahora no incluidos- como establecimientos que deberán contener dispositivos para atenuar el nivel sonoro. Asimismo, modifica el radio para la instalación de nuevas discotecas, boites, confiterías bailables, paradores, gimnasios, gyms, centros fitness y locales de naturaleza similar, que pasa de 100 a 250 metros de hospitales, sanatorios, asilos, hogares de ancianos y/o niños, casas cuna, salas velatorias, bibliotecas, museos y similares.
Complementariamente, incrementa las multas. La transgresión será sancionada la primera vez con una multa de 60 UR, la segunda de 120 UR, la tercera con una clausura del local por 90 días y la cuarta con la clausura definitiva del mismo.
La modificación incluye como vehículos no habilitados para circular aquellos desprovistos de silenciadores de escape, o provistos con escapes libres, bramadores, tronadores o similares, los que tengan parlantes o equipos de sonido que, circulando o estando estacionados en lugares públicos, sobrepasen los límites establecidos como máximos aceptables en la ordenanza, y aquellos que por cualquier circunstancia tengan un funcionamiento o marcha anormal con producción de ruidos. Dichos vehículos serán retirados de la vía pública por la autoridad competente, y cumplidos los plazos legales correspondientes, se procederá a su entrega o destrucción.
En otro orden, se modifican los horarios para publicidad en la vía pública en función de la estación del año, y se incluye a la Dirección de Tránsito -junto con Arquitectura, e Higiene y Servicios, ya incluidos- en las tareas de ejecución que resultan de la presente Ordenanza según las respectivas áreas de competencia, así como los contralores e inspecciones correspondientes.
Finalmente, la reforma promovida por Gabbiani establece que el producido de las multas se destinará en su totalidad para la adquisición de equipamiento para medición de sonido, mantenimiento y calibración, y para solventar cursos de capacitación para funcionarios que cumplan funciones de inspección.
“El punto -explicó Gabbiani- es que este proyecto hace más de un año que está dando vueltas en la Junta Departamental, y eso nos tiene bastante molestos. Lo tuvo cerca de un año la Comisión de Legislación, que lo pasó sin resolución en noviembre a la Comisión de Higiene, que lo tiene hoy en estudio. Mientras tanto, los excesos de todo tipo en cuando a contaminación acústica se siguen dando en todo el territorio del departamento, y la gente está harta de esos atropellos.”
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