Por Sergio Marín Lafuente y Alejandro Prieto
El debate sobre el «buen morir» vuelve a escena en Uruguay de la mano de un proyecto de ley que busca legalizar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido para pacientes terminales ante una comunidad médica con opiniones divididas.
Si bien no existe una pena específica para la eutanasia en Uruguay, el Código Penal del país dispone en su artículo 315 un castigo de entre seis meses y seis años de prisión al que «determinare al otro al suicidio o le ayudare a cometerlo».
El Parlamento aprobó en 2009 la ley de «Voluntad anticipada», que reglamentó el Ejecutivo de José Mujica (2010-2015) en 2013 y que permite a pacientes terminales oponerse a recibir tratamientos médicos que prolonguen su vida.
De todas formas, la práctica de la eutanasia es considerada un crimen en el país y el debate sobre su despenalización no ha estado ausente. Así, cuando el exgerente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Fernando Sureda, enfermo de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), pidió en 2019 su legalización para «morir dignamente», la discusión regresó al primer plano.
SEGUIR EL EJEMPLO PARA UN «BUEN MORIR»
Inspirado en la iniciativa de Sureda y en el debate que se dio en un ateneo sobre eutanasia organizado por el Sindicato Médico de Uruguay (SMU) en 2019, el diputado del Partido Colorado (PC, centroderecha) Ope Pasquet presentó el 11 de marzo un proyecto de ley que, según explica a Efe, sigue el ejemplo de países donde la eutanasia ya es legal.
El diputado destaca que, además de Países Bajos, que fue la primera nación en el mundo en legalizar la eutanasia activa, diversos estados de EE.UU., países como Bélgica, Luxemburgo, Suiza y Colombia y en 2019 el estado australiano de Victoria la han despenalizado.
«Yo entiendo que es pertinente plantear la cuestión en Uruguay, donde en distintos momentos en los últimos tiempos ha habido quienes han reclamado la discusión del tema (…) distintas asociaciones, ONGs», apunta.
Pasquet explica que su propuesta no busca obligar a los médicos a ejercerla, sino que el doctor que la practica por petición del paciente terminal y de la forma en que dispondrá la ley no incurra en delito.
«A nosotros nos consta que aquí se aplica la eutanasia activa, solo que en forma clandestina. Todo el mundo tiene parientes, amigos, familiares que han pasado por situaciones en las cuales han visto que alguien que estaba muy enfermo ha recibido tratamientos (…) que se sabía que iban a producir la muerte y la produjeron», señala.
En ese sentido, el legislador enfatiza que la ley pretende «desmitificar» y cumplir el deseo de quienes prefieren morir a seguir sufriendo y necesitan la ayuda de un médico para hacerlo.
Por otro lado, sostiene que el procedimiento brinda garantías, ya que supone que el médico tratante consulte a otro sobre la irreversibilidad del estado del paciente, así como que el enfermo tenga dos instancias para expresar su consentimiento ante testigos y tiempo para reflexionar de por medio.
Aunque manifiesta que es pronto para saber, Pasquet, que presentó el proyecto con el apoyo de su sector dentro del PC, Ciudadanos, dice que espera el respaldo de otros partidos.
«No es un proyecto que se presente embanderado con ningún partido político, pensamos que este es de esos temas que son transversales a los partidos, en todos lados habrá gente a favor y gente en contra», resalta.
En esa línea, el neurólogo Federico Preve, integrante del SMU y militante del Frente Amplio (FA, izquierda), mostró su apoyo al proyecto.
«Como persona de izquierda, felicito y apoyo la iniciativa de @CiudadanosUy_Ok. Acabo de intercambiar y felicitar a Ope y compañerxs de Ciudadanos por la propuesta. Nos reuniremos para conversar. La buena muerte no tiene banderas, debe ser un derecho; ser digna y libre», escribió en su cuenta de Twitter.
En tanto, las autoridades católicas consultadas por Efe afirman que aún están estudiando el proyecto de ley para determinar una posición al respecto.
UNA LEY ALEJADA DE LA PRÁCTICA MÉDICA «RESPONSABLE»
En diálogo con Efe, la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos (SUMCP) denuncia que el proyecto de ley se ha redactado sin contar con su opinión ni con la de la Comisión de Bioética del Colegio Médico.
«La ley no tiene ni pies ni cabeza, está centrada en sacarle la culpabilidad al médico y no en garantizar la dignidad del final de la vida de los pacientes y de sus familias», insiste la presidenta de la SUMCP, la oncóloga Adriana Della Valle.
Della Valle, que es dura al criticar la vaguedad del proyecto sobre el procedimiento por el cual se efectuaría la eutanasia, esgrime que allí no se define correctamente qué pacientes podrían someterse a este procedimiento, lo que abre la puerta a que incluso pacientes con depresión opten por la eutanasia.
Aunque estima que desde la SUMCP no se cierran al debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido, y a lo que el Código de Ética Médica de Uruguay aprobado con rango de ley rechaza la eutanasia, la óncologa pide que se converse con pacientes, médicos, abogados y todos los implicados en este asunto.
«(El proyecto) está muy alejado de la práctica médica responsable, de los cuidados paliativos y de quienes estamos en el día a día con los pacientes que se nos mueren todos los días y que tratamos de hacer lo mejor por ellos», lamenta.
En Uruguay, alrededor del 50 % de la población tiene acceso a cuidados paliativos, según el Ministerio de Salud Pública (MSP).
Sin embargo, la cobertura no es igual para todo el mundo, matiza la doctora y, como ejemplo, apunta que el Instituto Nacional de Oncología no tiene una unidad de cuidados paliativos.
«Ahora tenemos que ir por los cuidados paliativos en todas las instituciones con una cobertura al 100 %. Podemos ir hablando del proyecto de eutanasia pero de adelante para atrás, primero lo tiene que ver la Comisión de Bioética», concluye.
(EFE)
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