Un juez de Buenos Aires decidió este viernes suspender las actividades de las firmas de entregas a domicilio Rappi, Glovo y Pedidos Ya hasta que demuestren que cumplen con los requisitos legales de seguridad de los repartidores que van en bici o motocicleta.
En concreto, el juez Roberto Gallardo dictó una resolución que busca regularizar las prestaciones de las empresas conforme el marco legal vigente e «impedir que continúen produciéndose accidentes evitables, que cobren la vida o la integridad física de los empleados repartidores».
También «prevenir y evitar situaciones que conlleven daños a la salud de la población por la eventual manipulación indebida de alimentos» e impedir «la distorsión de los sistemas de distribución a fin de que no sean utilizados para consumar ilícitos».
Esta situación se da después de que una Cámara de Apelaciones haya confirmado lo dispuesto en abril pasado por el mismo juez, que ordenó al Gobierno de la ciudad que «en forma inmediata» prohibiera la actividad de las firmas hasta que pudieran cumplir los requisitos de seguridad.
Antes, el 6 de diciembre de 2018, el tribunal dispuso de forma precautoria, a pedido de la Defensoría del Pueblo, organizaciones sindicales y diversas empresas, una serie de medidas por el grave riesgo a la seguridad en la vía pública y por la integridad de los conductores.
Pero esas medidas, que habían sido trasladadas al Ejecutivo local, no fueron cumplidas.
En la cautelar de hoy se destaca que las empresas autodenominadas «plataformas» deberán entregar a la Justicia en un plazo de dos días -obligación impuesta hace más de siete meses y que aún se encuentra incumplida- una lista completa de su personal y la constancia de haber entregado «por su cuenta y cargo» a la totalidad del personal los «implementos de seguridad vial exigidos por la ley» -casco, indumentaria para visualización nocturna y fijación de caja en rodado.
Además, deberán entregar la acreditación de que el personal de reparto posee libreta sanitaria vigente y las constancias de regularidad laboral y de cobertura de seguros.
«Hasta tanto esas condiciones legales y judiciales sean cumplidas en su integridad, se ha decidido suspender la actividad de las empresas Rappi, Kadabra (Glovo), y Repartos Ya (Pedidos Ya)», remarca el texto legal.
Si se siguen produciendo envíos «por personal dependiente» de estas empresas «que no respete íntegramente los requisitos legales y judiciales establecidos» será decomisado por la policía, y las firmas sancionadas con el pago de 10.000 pesos por cada infracción.
Serán además bloqueadas de inmediato las operaciones mediante tarjetas de crédito de las empresas.
«Estamos conformes con el fallo, si bien entendemos que -como vienen haciendo- las empresas no lo van a cumplir», dijo a la agencia estatal Télam Maximiliano Arranz de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios.
Esta asociación fue la que inició la causa contra las plataformas, pidiendo la regularización del servicio de mensajería. (EFE)
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