Diez personas fueron condenadas y otras dos resultaron imputadas por integrar una organización que obtenía información confidencial sobre víctimas de siniestros de tránsito para posteriormente contactarlas y ofrecerles servicios destinados a gestionar indemnizaciones del Seguro Obligatorio de Automotores (SOA).
La investigación, denominada Operación Carancho y encabezada por la Fiscalía de Toledo, determinó la existencia de una estructura integrada por abogados, gestores e informantes, entre ellos funcionarios policiales.
La fiscal Paula Pereira describió una organización de funcionamiento piramidal. Los informantes accedían a datos de accidentes, víctimas o familiares y los entregaban a cambio de dinero. Con esa información, abogados y gestores contactaban a los involucrados para ofrecer sus servicios y tramitar indemnizaciones.
Los condenados recibieron penas de prisión efectiva de entre dos años y algunos meses y tres años y cinco meses por delitos que incluyen cohecho, asociación para delinquir y utilización de información confidencial.
La investigación podría ampliarse: la Fiscalía prevé citar a unas 50 personas, entre policías, abogados, personal de la salud e inspectores de tránsito.
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