Uruguay enfrenta un problema silencioso pero urgente: 5.372 niños y adolescentes dejaron de asistir a clases. No están en la escuela, ni en el liceo, ni en ningún centro educativo. Simplemente, están fuera del sistema.
La mayoría de estos casos se concentran en jóvenes de 16 y 17 años del área metropolitana de Montevideo, según datos oficiales. La situación no solo es preocupante por lo que significa para su presente, sino por lo que compromete de su futuro.
Frente a este escenario, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) lanzó una estrategia interinstitucional para revincular a estos estudiantes. El plazo es corto: hasta el 25 de julio. Pero la necesidad es enorme.
¿Quiénes participan?
Además de la ANEP, la iniciativa involucra a varios organismos estatales: los ministerios de Desarrollo Social (Mides), Educación y Cultura (MEC), el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el Banco de Previsión Social (BPS) y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa). También colaboran el Ministerio del Interior y la Organización Nacional del Fútbol Infantil (ONFI).
La idea es unir esfuerzos y compartir información. “El problema es que ni siquiera sabemos con precisión cuántos son, ni en qué situación están”, admitió Pablo Caggiani, presidente de ANEP. Por eso, explicó, es clave que los distintos equipos del Estado operen con los mismos datos y salgan a buscarlos.
¿Por qué es tan grave?
Que un niño o adolescente esté fuera del sistema educativo no es solo un problema de aprendizaje. Es también una señal de alerta social. Como advirtió Caggiani, estar en clase no solo garantiza el derecho a la educación, sino también el acceso a servicios de salud, alimentación y protección.
En palabras simples: un joven que no estudia ni está vinculado a ninguna institución queda a la deriva.
El Estado va a la búsqueda
El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, fue enfático. “Para nosotros, esto no es solo una política educativa. Es una acción comunitaria. Por eso vamos a salir a buscarlos, en todo el país”, dijo.
El Mides utilizará su red de alertas tempranas para detectar los casos, y pondrá énfasis en acompañar a las familias, no solo a los jóvenes. “No alcanza con transferencias económicas. Hay que estar, escuchar, acompañar”, subrayó Civila.
Una política que involucra a todos
Durante la presentación de la estrategia también hablaron la presidenta del INAU, Claudia Romero; la directora general de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi; y la gerenta del Área de Promoción Sociocultural del Mides, Laura Voituret. Todas coincidieron en lo mismo: el Estado debe actuar ahora, antes de que estos jóvenes queden fuera para siempre.
Este no es un número frío. Son más de 5.000 historias que se están escribiendo fuera del aula. El país que apuesta a su futuro no puede permitirse que sus niños y adolescentes se queden atrás.
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