El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recibió este martes una base de datos elaborada por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), que contiene más de 300 planteos vinculados a normativas y regulaciones consideradas obstáculos para el desarrollo de actividades económicas o para la relación entre los ciudadanos y la administración pública.
La entrega se enmarca en el proyecto Uruguay Más Simple, una iniciativa impulsada por CERES que permitió a personas de todo el país identificar, a través de un formulario en línea, regulaciones que, a su juicio, generan dificultades en el ámbito económico o limitan el acceso a servicios estatales. La plataforma estuvo activa entre el 1.º de abril y el 30 de junio.
Cada planteo recogido en la base de datos incluye una descripción de la normativa señalada, el área de actividad afectada, el organismo estatal involucrado y el tipo de impacto negativo observado. Con el objetivo de preservar la confidencialidad, todos los aportes fueron entregados de forma anónima.
Según el análisis del centro de investigación, los sectores más representados entre los planteos fueron: comercio mayorista y minorista (17 %), ganadería y agricultura (11 %), servicios financieros y seguros (10 %), salud y servicios médicos (10 %) y administración pública (8 %).
Los organismos estatales más mencionados en los planteos fueron el Ministerio de Economía y Finanzas (21 %), las intendencias (16 %), el Ministerio de Salud Pública (16 %), el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (14 %), el Ministerio del Interior (10 %), el Ministerio de Ambiente (7 %) y el Banco Central del Uruguay (6 %).
CERES indicó en la carta que acompañó la entrega que esta información podría constituir un insumo para el proceso de elaboración del próximo Presupuesto Nacional, que el Poder Ejecutivo deberá presentar ante el Parlamento antes del 31 de agosto.
El documento fue firmado por el director ejecutivo de CERES, Ignacio Munyo, quien destacó en el escrito la utilidad de contar con aportes ciudadanos en la identificación de barreras regulatorias y su posible readecuación normativa.
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