Por Alejandro Prieto
Que el Estado «se ponga las pilas» es el reclamo en que no claudican las trabajadoras sexuales de Uruguay, país donde, pese al aval legal de sus servicios, son víctimas de abusos y no ven reconocidos sus derechos humanos básicos.
Han pasado 20 años desde la aprobación de la ley que regula la actividad de quienes ofrecen servicios sexuales en Uruguay, país que se desmarcó así de una región latinoamericana en la que prima la mirada «abolicionista» o «punitivista» del tema.
Sin embargo, como expresa en una entrevista con Efe Karina Núñez, socia fundadora de la Organización de Trabajadores Sexuales del Uruguay (Otras), la norma contribuyó poco a cambiar la realidad de un ámbito de actividad marcado por una carencia de garantías y un histórico «estigma».
OTROS TIEMPOS, OTRAS NORMAS
Único en Sudamérica en contar con una regulación de la prostitución desde 1859, en 2002 Uruguay dio otro paso al autorizar por ley el ejercicio del trabajo sexual en zonas y locales autorizados de la mano de un carnet avalado por el Ministerio de Salud Pública.
En tanto hoy los estándares en materia social y de derechos humanos son otros, según Núñez, la ley «ha quedado obsoleta».
«Sigue con los preceptos sanitaristas y de represión. De que solamente se nos controle de forma epidemiológica o se nos restrinja de forma arbitraria por parte del Ministerio del Interior», apunta.
Otras, que comenzó a formarse en 2007 y se consolidó en 2018 como un colectivo integrado por 36 trabajadores, impulsa así modificaciones a la norma que procuran, según la fundadora, «reflejar» los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, que, enfatiza, siguen vulnerados.
«Los abusos los vemos en que un dueño de una whiskería o un prostíbulo te puede multar por no ir a trabajar, se te puede quedar con el 70 % del dinero (…) o si tenés que retirarte porque tenés una emergencia tenés que pagarle una multa», ejemplifica.
Además, Núñez explica que muchas son mayores de 60 años y no llegan a ganar lo suficiente para aportar a la caja de jubilación y poder retirarse de la actividad, en tanto subraya también que este oficio tiene «una especificidad» que debe ser reconocida por la regulación.
Entre los cambios propuestos destaca que la regulación pase de la órbita del Ministerio del Interior a la del Trabajo y Seguridad Social y que la edad mínima para obtener el carnet pase de los 18 a los 19 años.
Esto último, sostiene, se debe a que las redes de trata y explotación sexual infantil falsifican libretas para menores, lo que acarrea que la policía en sus controles detenga innecesariamente a trabajadoras mayores que sí tienen carnet en regla.
PARTE DEL CÍRCULO
A lo que cree que el estigma «juega mucho en contra» de las prostitutas, Núñez resalta que estas cargan con una discriminación potenciada también por su género a la que el Estado debe responder.
«Si la cultura de la violencia hacia las mujeres no es reprimida desde el Estado, es imposible que la población vulnerada pueda hacer que el resto la respete», acota con un eco de reclamos feministas.
Para la activista, es errónea la idea de que las trabajadoras sexuales defienden la prostitución, ya que estas son «parte del círculo» pero, en muchos casos, si bien «la eligen durante un tiempo» luego «en algún momento quieren salir».
«No somos las culpables de que el patriarcado oprima los cuerpos de las mujeres, no somos las culpables de que el mercado comercialice y cosifique a todas las mujeres y especialmente a las trabajadoras sexuales», enfatiza.
A PONERSE LAS PILAS
Por otro lado, en plena conmemoración del Día Internacional de la Trabajadora Sexual, que recuerda el 2 de junio de 1975, cuando más de 100 trabajadoras sexuales ocuparon la Iglesia de Saint-Nizier en Lyon (Francia) para llamar la atención sobre la discriminación a la que estaban expuestas, Núñez llama a redoblar el compromiso.
En concreto, dice, falta que el Estado uruguayo «se ponga las pilas», ya que la normativa «al no estar regulada debidamente» ha permitido que sean «las redes de trata y los proxenetas» quienes regulen la actividad de las trabajadoras «contra su voluntad».
Un paso sería la aprobación de las modificaciones que Otras redactó con la ayuda de académicos y expertos internacionales y está hoy en estudio de una comisión de la Cámara de Representantes.
«Es un largo proceso, no hemos claudicado y no vamos a claudicar hasta que lleguemos a lograr al menos la paridad en el reconocimiento de que, aunque seamos trabajadoras sexuales, tenemos derechos humanos fundamentales, básicos, intransferibles», concluye, a lo que se pregunta si, en vez de quedar en «letra muerta» rendirán fruto los años dedicados a esta lucha.
EFE
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