La Suprema Corte de Justicia emitió una circular mediante la cual solicitó a todos los defensores públicos del país información estadística detallada sobre el servicio que brindan, la cantidad de personas que asisten y las presuntas situaciones de indefensión ocasionadas por la falta de recursos.
“Quiero saber exactamente cómo está marchando el servicio”, dijo a Búsqueda el presidente de la Suprema Corte. El Dr. John Pérez Brignani explicó que tras la discusión sobre una Justicia diferente para “pobres y ricos”, decidió hacer un relevamiento para tener información precisa y comprobar la veracidad de las situaciones que se denuncian.
“Vamos a ver dónde estamos parados. Y si falla el servicio, tenemos que saber por qué falla. Si es un problema de falta de gente, o si es un problema de gestión o de organización de los recursos”, explicó.
“¿Queda gente sin atender? ¿Por qué? Si es así, hay que buscar una solución, porque no puede ser. ¿Qué requerimientos hacen falta? Eso es lo que quiero saber”, detalló. Pérez Brignani, quien además destacó que su impronta es tomar decisiones con base en información y datos. Por eso este es un primer paso para examinar el servicio y evaluar qué medidas son necesarias.
El presidente indicó que la Corte ya reunió la mayor parte de la información y que en este momento se encuentra sistematizando las respuestas.
Cuestionario
El cuestionario que la Corte envió a los defensores de Montevideo y del interior del país incluyó preguntas como el horario que cumplen, la cantidad promedio de personas que atienden a diario, la cantidad de audiencias a las que asisten por mes y el tiempo promedio que insume cada audiencia.
También les consultó de qué forma registran la atención que prestan a cada persona, cuántos escritos presentan en promedio por mes y qué tipo de escritos son (según la materia de la que se trate, si es una demanda, una contestación, un recurso, un acuerdo con Fiscalía u otros). Además, los defensores deben informar la cantidad de procesos en trámite que están patrocinando en la actualidad.
Los abogados públicos con competencia en las materias Penal, Ejecución Penal y Adolescentes deben responder también si realizan visitas a los centros de reclusión y con qué frecuencia. En caso de que no concurran a las cárceles, tienen que explicar cómo se entrevistan con sus defendidos.
El cuestionario interroga a los defensores sobre si han participado en audiencias por Zoom en juzgados que se encuentren en una ciudad diferente y si los del interior tienen que rotar entre distintos lugares.
Finalmente, la Corte consulta a los defensores si en su experiencia “existen casos de personas que al concurrir a Defensoría no pueden ser atendidos”. En caso de que la respuesta sea afirmativa, la Corte pide que se detallen las causas por las que estas personas no son atendidas. antes había tuiteado su posición sobre la polémica. “Nuestras cárceles están llenas de jóvenes, pobres, analfabetos y adictos. Lamentablemente el sistema penal es selectivo y las posibilidades de acceso a la Justicia no son iguales para todos”, escribió, y añadió: “El enorme esfuerzo de nuestra Defensa Pública no es suficiente con los recursos que hoy día tiene”.
Fuente: Semanario Búsqueda (extracto). Tomada del portal del Poder Judicial.
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