Por Marta Garde
La aplicación digital que el Gobierno francés lanza esta semana para ayudar a controlar la epidemia de coronavirus, StopCovid, ha topado con la oposición de los defensores de los derechos civiles, que ven en ella un riesgo para las libertades individuales.
Ese nuevo dispositivo, de uso voluntario, permitirá a quien haya dado positivo alertar automáticamente al resto de usuarios con los que el Bluetooth de su teléfono haya estado en contacto a menos de un metro y como mínimo durante 15 minutos para que estos últimos puedan hacerse la prueba y frenar así la cadena de contagios.
Sobre el papel, al menos para el Ejecutivo, todo son ventajas. «Es una herramienta importante de protección personal y colectiva. Responde a un imperativo sanitario, pero también social: hacer todo para evitar un resurgimiento de la epidemia», indica el secretario de Estado de la Economía Digital, Cédric O.
StopCovid estará operativa desde este próximo martes, día del inicio de una nueva fase de la desescalada en Francia, y ha obtenido la aprobación del Parlamento y de la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL), encargada de velar por la protección de datos en Francia.
Pero desde que fue anunciada el 8 de abril es foco de inquietudes, aunque el Gobierno asegura que será imposible conocer la identidad del usuario o geolocalizar dónde ha estado y que su utilización se mantendrá voluntaria y limitada a la duración de la pandemia, que en Francia ha provocado unas 28.700 muertes.
«Nunca hay garantías al 100 %», dice a EFE Anne-Sophie Simpere, experta de la ONG Amnistía Internacional (AI) en la defensa de las libertades.
CRÍTICAS A SU EFICACIA Y SEGURIDAD
Las críticas sobre los peligros de esa aplicación que también se plantean otros países europeos coinciden. Para que fuera eficaz, debería descargársela el 60 % de la población, pero experiencias similares en Singapur o Corea del Sur reflejan que el porcentaje de uso no superó el 30 %.
La apuesta por el Bluetooth también está en el punto de mira: «Su problema es la calibración. Su potencia para calcular la distancia dependerá de la marca y del modelo del teléfono», explica el jefe del Laboratorio de Informática Fundamental de la Universidad de Orleans, Benjamin Nguyen.
La aplicación podría por tanto no detectar casos positivos o, al contrario, crear alertas innecesarias y añadir presión al sistema sanitario. La necesidad de tener el Bluetooth activado en permanencia incrementaría además los riesgos de un posible pirateo de los datos del usuario.
DUDAS ÉTICAS SOBRE SU USO
La principal oposición no es tanto informática como ética: «Cada vez que se implantan medidas que restringen los derechos cuesta volver al mismo nivel de protección que antes. ¿Por qué no usarla después contra la gripe o con otro argumento?», señala la representante de AI.
A ello se suma el principio mismo del consentimiento voluntario. «Existe el temor a una fuerte presión social. A que se diga: ‘Si no lo haces por ti, hazlo por tus conciudadanos'», resume la vicepresidenta de la LDH, Maryse Artiguelong, que anticipa posibles discriminaciones contra quienes se resistan.
La opinión de la población de momento está dividida. Según un sondeo de los institutos Odoxa y Dentsu Consulting difundido este fin de semana por el diario «Le Figaro», un 55 % no piensa descargársela y solo un 19 % está plenamente convencido de hacerlo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) admitió esta semana que la eficacia de ese tipo de aplicaciones permanece incierta y subrayó que su uso debe limitarse a la situación y minimizar al máximo la colecta de datos requeridos en esa lucha contra la pandemia.
«Impulsarla ha sido una falsa buena idea», concluye el presidente de la Comisión Nacional Consultiva de los Derechos Humanos (CNCDH), Jean-Marie Burguburu.
Entre las alternativas de estos opositores: una mayor prevención y pedagogía para que se respete la distancia social, una comunicación clara para evitar confusiones sobre la eficacia de las mascarillas o favorecer la investigación médica.
(EFE)
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