Por Alejandro Prieto
Consagrada como pionera en despenalizar el aborto en Latinoamérica, solo por detrás de las de Cuba y Puerto Rico, la ley de interrupción voluntaria del embarazo de Uruguay cumple 10 años con más de 10.000 prácticas concretadas pero en un panorama «complicado», pues quedó «vieja» y obstaculizada por la objeción de conciencia.
Años antes de que los pañuelos verdes alcanzaran popularidad en el mundo como símbolo de la lucha por el aborto originado en Argentina, en su vecino Uruguay miles de manos anaranjadas se levantaron para reclamar su legalización, que, tras un intento fallido en 2008, se concretó con una debatida ley promulgada el 22 de octubre de 2012.
UN PANORAMA COMPLICADO
Una década después de que -luego del veto del expresidente Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) a la primera iniciativa por objeción personal- bajo el mandato del expresidente José Mujica (2010-2015) se lograra aprobar por 50 votos en 99 la denominada ley IVE, los abortos alcanzaron una «meseta» con unos 4600 por año en Uruguay.
Así lo asegura a EFE la referente técnica en Salud Sexual y Reproductiva de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Mónica Gorgoroso, quien detalla que en los centros públicos se dan el 60 % de los abortos legales del país y destaca que ya hay atención en todo el territorio.
«Hay servicios en todo el país. Han habido en estos 10 años algunos departamentos (provincias) que han presentado dificultades, porque no había allí profesionales no objetores de conciencia, pero esas situaciones se salvaron trasladando profesionales», asegura quien ve en las demoras al coordinar los equipos multidisciplinarios que pauta la ley el mayor obstáculo actual del proceso.
Otra es la visión de la experta en salud sexual y reproductiva y directora de la organización social Mujer y Salud Uruguay (MYSU), Lilián Abracinskas, quien señala que el panorama actual es «complicado» porque la ley «quedó vieja».
«Está pensada para un aborto quirúrgico que hoy es casi residual en la práctica. Hoy en Uruguay el 98 % de los abortos son por vía farmacológica y autoadministrada. Sí lo tenés que conseguir en el sistema de salud (el fármaco) porque solo así es legal pero tenés un largo proceso para acceder», enfatiza.
DE OBJECIONES Y DENUNCIAS
Según arroja un relevamiento del Observatorio de MYSU, tres hospitales públicos del país -los de las capitales departamentales de Colonia, Soriano y Cerro Largo -, cuentan con un 100 % de médicos objetores de conciencia, una realidad que Abracinskas estima «difícil de entender» y preocupante.
Es que, dice, a lo que se ha normalizado lo que la ley previó como una «excepción» e incluso por un fallo administrativo los médicos pueden actuar en una parte del proceso y objetar en otras, hace falta revisar el «límite» de este tipo de objeciones cuando, remarca, se trata de un servicio de salud.
«En otros países no se admite esta objeción en un ginecólogo porque se entiende que el aborto es parte de las situaciones que tenés que atender en tu especialidad. Es difícil que se entienda que un profesional es cardiólogo pero no opera válvula aórtica por ejemplo», subraya.
Gorgoroso, en tanto, admite que la forma de medir el porcentaje de objetores tiene «sus dificultades» pero acota que no ha visto «ni aumento ni disminución dramática» en el total de objetores en ASSE que, dice, ronda el 30 %.
Abracinskas indica que hay otra falla grave en las denuncias, pues, acota, el Ministerio de Salud Pública asume que como no recibe ninguna «no hay problemas» y en realidad, por falta de garantías, las mujeres no se atreven a hacerlo salvo en casos «graves», como las 2 muertes de mujeres por aborto legal registradas, en 2018 y 2020.
Sobre esto Gorgoroso asegura que las autoridades deben ser «muy cautas» y opina que, cuando alguien sí denuncia, es importante «aprovecharlo» para hacer ajustes.
VIENTOS CONSERVADORES
«Abrir hoy un debate parlamentario para la modificación de la norma haría correr graves riesgos de retroceso, por lo tanto lo que estamos haciendo es denunciar estas situaciones a nivel internacional», asegura la directora de MYSU sobre un contexto político que entiende desfavorable.
Es que, según Abracinskas, desde que en 2020 asumió el actual Gobierno del centroderechista Luis Lacalle Pou, se ha implantado un «retroceso retórico» que ha influido en lo sanitario, pues, aunque no se quiere «tocar» la consagrada ley, «desde la Dirección Nacional de Salud se bajó (la orden de) promover la adopción como alternativa».
Por otro lado, el exdiputado por el oficialista Partido Nacional (PN, fuerza de Lacalle Pou) Carlos Iafigliola divulgó en sus redes sociales un mensaje en que asegura que el aniversario de la ley IVE es un día «triste» y «de luto» para la historia del país.
«Debemos seguir combatiendo este terrible flagelo. El año pasado presentamos una propuesta al Gobierno para disminuir la cantidad de abortos dando alternativas. Poco ha avanzado, seguiremos batallando», dijo el político «cristiano» y «provida», cuyo «norte» sigue en derogar la norma cuyo único intento de derribo fracasó con un escaso 8 % en un referéndum de 2013. (EFE)
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