Los cambios de criterio en programas de UTU por parte de las autoridades no fueron bienvenidos por el colectivo docente sindicalizado. Denuncian que es una estafa a la familia del alumno, que contribuye a la degradación de la función del docente y que genera incertidumbres. Este es el comunicado de prensa que llegó a Carmelo Portal
«La agrupación Afutu Carmelo, reunidos para analizar diversos temas, se focaliza en un punto en particular: un memo proveniente del Programa de Educación Básica (memo de información y/o relevamiento núm. 709/15, con fecha 29/07/15) firmado por la directora Anabel Acosta. En este se plantea un cambio de criterio en el pasaje de módulo del programa FPB para grupos que egresan este año, donde se especifica que estos deben ser los mismos que los que se consideran para los grupos que recién comienzan su trayectoria.
Este cambio es atribuido a la falta de presupuesto para la apertura de nuevos grupos de FPB a partir del año 2016. Esta resolución se contradice con la ética docente, ya que se le coacciona en su rol, desvalorizando su función pedagógica y evaluatoria, invocando falsamente el derecho del estudiante a la educación, responsabilizando al profesor de la desvinculación, y por ende de coartar ese derecho.
A su vez, “se sugiere” legitimar este memo con los estudiantes y referentes adultos, en complicidad con las inspecciones de las correspondientes asignaturas.
De lo anteriormente expuesto, agrupación Afutu Carmelo declara: • Que la presente resolución constituye una degradación de la función docente.
• Que significa una estafa a la familia del estudiante que confía en la institución como formadora de sus hijos.
• Que supone una violación al reglamento de pasaje de módulo (REPAM), donde ya fueron acordados los criterios de promoción.
• Que genera incertidumbre en la continuidad del Plan, poniendo en peligro fuentes de trabajo. Entendemos que la verdadera forma de garantizar el derecho a la educación de calidad, tan manoseado por los gobiernos de turno, no condice con el mensaje de este memo, que impone el “pasajismo” y coarta el derecho de recibir una educación pública y de “calidad”.
La única forma de garantizar este derecho es con un presupuesto digno, acorde a las necesidades que los docentes venimos manifestando y que la realidad social impone.»
Carmelo, 10 de agosto
