Por Edmundo Roselli (Diputado Partido Nacional)
Recientemente los diputados tratamos dos proyectos de ley del gobierno para ayudar al sector agropecuario luego de que estos fueran aprobados por unanimidad en el Senado. Por un lado el proyecto de ley destina al sector lechero U$S 36 millones. De ese toral U$S 27 millones serán para refinanciar deudas; otros U$S 3 millones serán para la creación de un instrumento financiero para programas anticíclicos de precios y los U$S 6 millones restantes irán al fondo de disponibilidad directa no reembolsable. El segundo proyecto devuelve el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al gasoil de los productores arroceros, hortofrutícolas y lecheros que no tributan Imeba (Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios).
En el debate en la Cámara de Diputados expresé que votaría en contra de ambos proyectos y así lo hice. De los presentes fui el único que no dio su voto y la razón es sencilla: lo propuesto por el gobierno como ayuda al agro es totalmente insuficiente, no alcanza para nada y por tanto no soluciona nada. Esa es una realidad que toda la oposición comparte, y lo más curioso es que algún legislador oficialista también se manifestó de forma parecida.
Erróneamente se ha dicho que como el agro está mal hay que aprobar estas ayudas que propone el gobierno porque son un alivio, un paliativo que por lo menos dan respiro a quienes más lo necesitan. Este razonamiento oculta una terrible equivocación. Los pequeños productores que tienen 20 hectáreas y ordeñan diez vacas, los que crían chanchos y gallinas, los que no acceden a la microfinanzas y no tienen créditos, a ellos no les llega, y son muchísimos.
Gráficamente se dijo que las iniciativas del gobierno son como una curita o aspirina para un enfermo terminal, o sea una suerte de placebo que damos al paciente para hacerle creer que eso lo ayudará cuando sabemos que no es así. Dicho de otra forma se trata de un engaño que en algún momento llegará a su punto límite y ahí si tendremos que tomar medidas de verdad, serias y profundas.
Mi voto en contra es un reclamo al gobierno para que tome medidas realmente eficaces, que den resultados reales y no sean como espejitos de colores.
Cada vez que le Poder Ejecutivo ha querido dar soluciones lo ha hecho. Hay dos ejemplos muy claros y recientes que la opinión pública recuerda: los 800 millones de dólares para ANCAP, y las concesiones especiales para UPM. Ambas salieron porque hubo voluntad política del Poder Ejecutivo, cosa que no veo para el agro, para nuestros productores que son los que generan riqueza genuina, miles de puestos de trabajos directos e indirectos, y pueblan el campo.
Acepto que al gobierno no le guste el rol protagónico que el agro cumple en el país, puede preferir un país petrolero y no agropecuario, eso también lo entiendo aunque no lo comparto, pero no se puede negar que Uruguay se nutre con su campo y que la historia económica del país se vincula al agro, y si no queremos destruirlo debemos cuidar la actividad económica que nos sustenta.
Para evitar malas interpretaciones es importante aclara que mi voto en contra no es un portazo. El gobierno sabe que el Partido Nacional está abierto a cualquier instancia que sea buena para el país, y sin dudas que solucionar la emergencia productiva es prioritario.
Con ese sentido constructivo fue que en la segunda quincena de enero hice públicas mis propuestas sobre la emergencia productiva. Lo primero que propuse fue la creación de una mesa de trabajo entre el gobierno y la oposición, tal como el Dr. Tabaré Vázquez hizo cuando anunció la existencia de petróleo, así debe actuar ahora. La oposición quiere ayudar y tiene figuras políticas y técnicos capaces, formados y abiertos al diálogo.
Esa búsqueda de soluciones reales pasan por tres medidas básicas: a) abatir los costos del Estado con sensibles reducciones del gasoil y la electricidad, b) reperfilamiento de las deudas, y c) instaurar una política de apertura comercial.
Seguramente otros actores tendrán otras propuestas e ideas, se trata de estudiarlas, eventualmente combinarlas, en fin, buscar las mejores y ponerlas en práctica en un plazo límite a estipular. Pero no pueden ser malos parches, no pueden ser curitas ni aspirinas, tampoco patear la pelota para adelante.
Mi voto negativo es una puerta abierta para que entre todos iniciemos la búsqueda de soluciones serias y reales, que no desestabilicen otras áreas del país, que no afecten políticas sociales, pero que ataquen el problema de competitividad que nos está fundiendo a todos. Negar la realidad no nos salva de sus consecuencias.
