La resolución adoptada por el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) después del intento de femicidio ocurrido el 1.º de setiembre en la Facultad de Medicina contiene un reconocimiento institucional que constituye uno de los puntos centrales del documento: existen “insuficiencias y desafíos” en las respuestas de la Universidad frente a la violencia de género.
Ese reconocimiento marca el sentido de las decisiones posteriores. La Udelar no plantea únicamente reforzar los mecanismos existentes, sino revisar su política sobre violencia, acoso y discriminación, conocer qué herramientas funcionan actualmente en sus diferentes servicios, determinar qué recursos se destinan a ellas y elaborar un nuevo plan de acciones concretas.
La resolución surge después de la conmoción provocada por el episodio en Medicina, las movilizaciones de colectivos universitarios —particularmente estudiantiles— y las actividades desarrolladas durante los días siguientes. El CDC también toma como antecedentes las políticas y estructuras que la Universidad ya tiene en esta materia.
Una política existente que será revisada
La Udelar no parte de cero. El propio documento enumera una estructura institucional desarrollada durante años: la Comisión Abierta de Equidad y Género, el Observatorio para la Igualdad de Género, la Unidad Central de Violencia, Acoso y Discriminación, la Comisión Central sobre Violencia, Acoso y Discriminación y otros espacios vinculados a las políticas de género.
También recuerda que desde 2019 existe una política institucional sobre violencia, acoso y discriminación y que en 2020 fue aprobada una ordenanza para actuar ante estos casos.
El dato relevante es que, pese a esos antecedentes, el CDC considera que persisten insuficiencias.
Por eso encomienda a la Comisión Abierta de Equidad y Género, con participación de los distintos espacios de género y asesoramiento de la Dirección General Jurídica, revisar la política vigente.
Entre los asuntos que deberán evaluarse aparece la posibilidad de extender a toda la comunidad universitaria la obligatoriedad de la capacitación en violencia, acoso y discriminación, con perspectiva de derechos humanos, violencia basada en género e interseccionalidad.
La resolución también plantea incorporar o fortalecer mecanismos de detección temprana de situaciones de riesgo, acompañamiento a personas que perciban estar en riesgo, acciones preventivas, asistencia a quienes presentan denuncias y mecanismos de reparación para las víctimas.
El plazo de 60 días
Una de las pocas obligaciones de la resolución que tiene un plazo concreto es la elaboración de un plan de acciones.
El CDC dio 60 días a la Comisión Abierta de Equidad y Género para elaborar, junto con Rectorado, los diferentes espacios universitarios de género y referentes en la materia, un plan basado en la política vigente e incorporando los nuevos ejes planteados en la resolución.
El plazo permite establecer un punto concreto para evaluar posteriormente el cumplimiento de lo resuelto: la Universidad deberá pasar de la revisión y el diagnóstico a la presentación de medidas específicas.
El documento, sin embargo, no determina todavía cuáles serán todas esas acciones ni establece un presupuesto específico para ejecutarlas.
La Udelar quiere saber qué hace cada servicio y cuánto invierte
Otro aspecto relevante de la resolución es el relevamiento que el CDC solicita a los servicios y comisiones sectoriales.
La Universidad pide información sobre los mecanismos existentes para detectar situaciones de violencia basada en género y acompañar a estudiantes que atraviesan esas situaciones o se encuentran realizando denuncias formales.
Pero el pedido no se limita a conocer si esos dispositivos existen. El CDC solicita que se informe también cuál es la inversión presupuestal anual destinada a esas acciones.
Además, requiere identificar experiencias consideradas exitosas y aquellas que no lo fueron, junto con los obstáculos encontrados para desarrollarlas.
Este relevamiento puede ofrecer un diagnóstico que hasta ahora no aparece cuantificado en la resolución: qué capacidad real tiene cada sector de la Universidad para prevenir, detectar y atender situaciones de violencia y qué recursos económicos dedica a esas políticas.
La financiación todavía no está definida
La resolución muestra, al mismo tiempo, uno de los asuntos que quedan abiertos.
El CDC encomienda al Rectorado, con apoyo de la Dirección General de Planeamiento y la Dirección General de Administración Financiera, buscar alternativas para financiar las acciones que requieran recursos.
Por lo tanto, el documento no asigna una partida presupuestal determinada ni establece todavía cuánto costará implementar las nuevas medidas.
La diferencia es relevante: existe una decisión política de revisar y fortalecer la respuesta institucional, pero parte de su alcance dependerá del plan que se presente y de las alternativas de financiación que encuentre la Universidad.
Detección antes de la denuncia
El documento introduce además un enfoque que no queda limitado al procedimiento posterior a una denuncia formal.
Entre los asuntos que deberán ser estudiados aparecen mecanismos de detección temprana, acompañamiento a quienes tengan percepción de riesgo y acciones preventivas con abordajes comunitarios.
El CDC también pide a los servicios informar si cuentan con espacios para trabajar con estudiantes, docentes o funcionarios que presenten problemas para respetar el cuerpo o la privacidad de las mujeres, así como con personas que manifiesten necesitar herramientas para manejar la ira, el deseo o el poder en sus vínculos.
Ese punto desplaza parte de la intervención hacia una etapa anterior a un eventual episodio de violencia o a la presentación de una denuncia.
Colaboración con la investigación judicial
En paralelo con la revisión interna, la Udelar expresa su disposición a proporcionar la información o documentación requerida por la Fiscalía de Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género y por el Juzgado de Familia Especializada en el marco de la investigación.
La Dirección General Jurídica deberá hacer el seguimiento de esas actuaciones y de las que puedan desarrollarse ante el juzgado penal competente.
La resolución diferencia así dos planos: la investigación que corresponde a los organismos judiciales y las decisiones institucionales que la Universidad adopta sobre sus propias políticas.
Una resolución que abre un proceso
El CDC resolvió además mantener suspendidas las clases y las actividades académicas no indispensables hasta el martes 8 de setiembre inclusive. Ese día está prevista la reanudación de la sesión permanente para evaluar la situación y determinar los siguientes pasos.
Por eso, la resolución no puede interpretarse como el cierre de la respuesta universitaria al episodio ocurrido en Medicina.
En términos institucionales, funciona principalmente como el comienzo de un proceso de revisión.
La Udelar reconoce que dispone desde hace años de políticas, ordenanzas, comisiones y unidades especializadas, pero admite al mismo tiempo que sus respuestas presentan insuficiencias. A partir de ese diagnóstico, plantea revisar los instrumentos existentes, relevar qué ocurre en cada servicio, conocer los recursos destinados a esas políticas y elaborar un plan en 60 días.
El alcance efectivo de la resolución podrá evaluarse cuando esos compromisos se traduzcan en medidas concretas, recursos presupuestales y mecanismos de aplicación en los distintos ámbitos universitarios.
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