La mirada de Ricardo Gil Iribarne sobre la política antilavado ubica a Colonia en un lugar central dentro del desempeño reciente de las fiscalías del interior.
Tras dejar en marzo su cargo de asesor en la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, el exjerarca hizo un balance favorable de la actuación de distintos organismos del sistema. En ese marco, destacó el trabajo coordinado entre fiscalías y Policía y sostuvo que parte de los resultados más visibles del último año se dieron en departamentos del interior.
Entre esos casos mencionó a Colonia. Según dijo en entrevista con Búsqueda, allí se registraron “cinco o seis condenas”, algunas con penas de seis años, dentro de un conjunto de actuaciones que, según su evaluación, muestran una activación de fiscalías que hasta hace poco tenían escasa visibilidad pública.
Colonia como referencia del interior
La referencia a Colonia no apareció en sus declaraciones como un dato aislado. Gil Iribarne la incorporó a una lectura más amplia sobre el papel que empezaron a tener las fiscalías departamentales en causas de lavado de activos.
Su planteo fue que una parte del cambio reciente no se explica por modificaciones legales, sino por una mayor disposición a impulsar expedientes, coordinar con investigadores y avanzar en procesos penales. En ese esquema, Colonia aparece como uno de los departamentos que, según su versión, aportaron condenas concretas a una estadística que hasta hace pocos años mostraba niveles bajos de respuesta.
La mención también apunta a otro aspecto: el desplazamiento del foco desde Montevideo hacia sedes fiscales que suelen quedar fuera del debate público cuando se habla de delitos económicos o de lavado.
Más condenas que antes, pero sin grandes estructuras desarticuladas
El exasesor sostuvo que Uruguay tuvo el año pasado una cantidad de condenas similar a la acumulada en los cinco años anteriores. El dato, en su lectura, muestra una mejora en la capacidad de respuesta del sistema.
Sin embargo, su diagnóstico no fue cerrado. Al mismo tiempo que marcó ese aumento, señaló que persisten límites en la calidad y el alcance de los resultados. Dijo que no han sido desbaratadas organizaciones de gran porte ni han caído estructuras profesionales dedicadas al lavado.
Ese punto matiza el alcance de su propia valoración sobre Colonia y sobre el interior. Las condenas, según su planteo, muestran una mayor actividad, pero todavía no alcanzan para concluir que el sistema ya logró avanzar sobre los niveles más altos y complejos de este tipo de criminalidad.
Una señal sobre el funcionamiento de las fiscalías
Las declaraciones de Gil Iribarne permiten leer a Colonia como un caso de interés por dos razones. La primera es estrictamente judicial: la aparición de condenas en un departamento del interior en un delito que históricamente ha mostrado pocos resultados. La segunda es institucional: la idea de que las fiscalías departamentales pueden ganar peso en investigaciones complejas cuando cuentan con apoyo técnico y coordinación con otros organismos.
En ese sentido, la afirmación de que sobre estas fiscalías “nadie habla” funciona como una crítica a la centralidad que suelen tener Montevideo y los casos de mayor exposición, aun cuando parte de la actividad penal pueda estar ocurriendo en otras sedes.
El eje de fondo
El punto de fondo en sus declaraciones no es solo Colonia, sino lo que Colonia representa dentro de su diagnóstico. Para Gil Iribarne, el departamento integra una red de fiscalías del interior que empezó a mostrar resultados en una materia donde, hasta ahora, las cifras habían sido limitadas.
La señal que deja su análisis es doble. Por un lado, plantea que el sistema empezó a moverse. Por otro, advierte que ese movimiento todavía no se traduce en causas de mayor escala ni en investigaciones que permitan medir un cambio estructural en la persecución del lavado de activos.
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