Las recientes declaraciones del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Luis Alfredo Fratti, sobre la deuda que Venezuela mantiene con Conaprole reabrieron un episodio que dejó consecuencias duraderas en la industria láctea uruguaya. Más allá del caso de la cooperativa mayoritaria, el negocio también involucró a otras empresas del sector, entre ellas Calcar, que participaron del acuerdo comercial firmado en 2015 y atravesaron dificultades financieras derivadas de los atrasos en los pagos.
Un acuerdo estatal con proveedores privados
En julio de 2015, el gobierno uruguayo anunció un acuerdo con Venezuela para la exportación de alimentos, en un contexto en el que ese país buscaba asegurar el abastecimiento interno. El convenio preveía la venta de arroz, soja, leche en polvo, quesos y carne de pollo, mediante un mecanismo que incluía la constitución de un fideicomiso en el banco venezolano Bandes.
En el rubro lácteo, los proveedores fueron Conaprole, Calcar, Pili y Claldy. El acuerdo fue refrendado públicamente en Brasilia por los presidentes de ambos países, lo que, según sostienen las gremiales lecheras, implicaba una garantía política de cobro.
Atrasos en los pagos y endeudamiento
El esquema comenzó a fallar pocos meses después. Venezuela no cumplió en tiempo y forma con los pagos de los productos lácteos, debido a la escasez de divisas de su Estado. Esa situación obligó a las cuatro empresas proveedoras a recurrir al sistema financiero para sostener su operativa.
De acuerdo con El País, las compañías tomaron préstamos por un total de 66 millones de dólares para cubrir los incumplimientos. En marzo de 2016, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Parlamento para que el Estado uruguayo asumiera el costo de los intereses de esos créditos. Ese subsidio se mantuvo hasta 2021.
El caso Calcar: cobro tardío
En ese contexto, Calcar participó como proveedora de quesos para el mercado venezolano. Según informó El País, Calcar, junto con Pili y Claldy, terminó cobrando los envíos, aunque de manera tardía, por un total de 22 millones de dólares.
La nota consigna que, si bien esas empresas lograron finalmente percibir el dinero, los retrasos generaron tensiones financieras significativas en el sector. En el caso de Pili, una de las proveedoras del acuerdo, la empresa desaparecería años más tarde.
Dato de contexto: Calcar funciona actualmente en Tarariras. En el período en que se concretaron los envíos a Venezuela, la cooperativa tenía su planta principal en Carmelo junto a la de Tarariras.
Un antecedente que sigue pesando
A diferencia de Calcar, Conaprole mantiene hasta hoy un saldo impago cercano a los 30 millones de dólares, lo que derivó en una demanda judicial en curso. Las gremiales lecheras sostienen que la operación no fue un negocio entre privados, sino parte de un acuerdo entre Estados, anunciado públicamente y con compromisos explícitos de cobro.
Aunque Venezuela fue durante años un mercado clave para los lácteos uruguayos, hoy su peso es marginal. En 2025, Uruguay exportó productos lácteos por 928 millones de dólares a decenas de destinos, mientras que el país caribeño prácticamente desapareció del mapa comercial del sector. El acuerdo de 2015 quedó como un antecedente que aún condiciona el debate entre productores, industria y Estado.
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