El enfrentamiento entre las compañías de transporte marítimo Buquebus y Colonia Express y el gobierno de Uruguay, liderado por Luis Lacalle Pou, por la implementación de una nueva tarifa para financiar el sistema de control fronterizo, ha escalado a un nuevo nivel, advierte una nota de El Observador.
Desde hace meses, estas empresas se oponen a la decisión gubernamental que establece un cargo adicional de 2,10 dólares más IVA por pasajero, medida oficializada en febrero a través de un decreto presidencial.
La contienda administrativa tomó un giro cuando las navieras decidieron llevar sus quejas a un plano internacional, buscando apoyo diplomático para cuestionar la elección del sistema desarrollado por la firma mexicana Veridos, adjudicataria de la licitación.
Fuentes cercanas a las compañías confirmaron a El Observador que se produjo un encuentro significativo entre representantes de Buquebus y funcionarios de la embajada de Estados Unidos el pasado 15 de marzo. Durante la reunión, se discutieron preocupaciones sobre la gestión de datos sensibles y se acordó mantener futuras conversaciones bajo discreción.
El gobierno uruguayo defiende el sistema por su capacidad para identificar perfiles de riesgo y personas con alertas de Interpol, prometiendo un control más eficiente y seguro de los flujos migratorios. Además, se destaca su arquitectura avanzada, capaz de integrar y analizar información de viajeros y agencias de viaje para facilitar la toma de decisiones en materia de seguridad.
Esta controversia ha tenido como efecto colateral la aproximación entre Juan Carlos López Mena (Buquebus) y Sebastián Planas (Colonia Express), empresarios que mantenían una rivalidad desde hace años. La disputa por la tasa adicional, que el ejecutivo denomina «precio» mientras las compañías la consideran un «impuesto», los ha unido en un frente común contra la medida gubernamental, destaca el matutino montevideano.
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