La Cámara de Diputados ha tomado una decisión tajante tras la interpelación al canciller Francisco Bustillo y a la ministra de Economía Azucena Arbeleche en relación con la gestión de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Al concluir este proceso, se ha solicitado la dimisión de la delegación uruguaya de dicho organismo, así como la renuncia de todos los funcionarios designados de manera «discrecional» y directa desde el 23 de abril de 2020.
Los legisladores, de manera unánime, han subrayado la «necesidad imperante» del «cese inmediato» de aquellos que han sido contratados y que simultáneamente ejercen como ediles de la Junta Departamental de Salto. Esta firme postura fue expresada en una declaración aprobada por mayoría en la cámara baja durante las primeras horas de la mañana de este miércoles.
Además de estas acciones contundentes, la Cámara ha ordenado la realización de una exhaustiva auditoría externa de gestión en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Este paso crucial busca arrojar luz sobre los aspectos operativos y administrativos del organismo en cuestión, asegurando así la transparencia y la rendición de cuentas en su funcionamiento.
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