Montevideo, 21 jul (EFE).- El Poder Ejecutivo autorizó este viernes una prórroga que extiende hasta 2053 la concesión de explotación privada en régimen de zona franca bajo la cual la papelera finlandesa UPM opera en la ciudad de Fray Bentos.
Así lo indica una resolución publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas firmada por el presidente, Luis Lacalle Pou, y la vicepresidenta, Beatriz Argimón.
Según el documento, a raíz de una solicitud de UPM, la concesión, otorgada a la compañía por un plazo de 30 años mediante un decreto de 2004, emitido bajo la presidencia de Jorge Batlle (2000-2004), será prorrogada hasta el 14 de abril de 2053.
La decisión se basa en vista de que, según el Ejecutivo, UPM Fray Bentos S.A., operadora de la primera planta de la finlandesa en Uruguay, «viene cumpliendo en forma satisfactoria con sus obligaciones, generando empleo, aumentando las inversiones y creando encadenamientos económicos», lo que se condice con los objetivos de la Ley de zonas francas del país.
De acuerdo con la resolución, además, la compañía finlandesa, cuya primera planta funciona desde 2007 en Fray Bentos, «viene impulsando un plan de inversiones adicionales» que culminará en 2023.
Por otro lado, el documento detalla que UPM tiene interés en que se extienda también hasta 2053 la concesión de la segunda zona franca habilitada a la empresa, para su segunda planta, inaugurada el pasado 6 de junio en las cercanías de las localidades de Paso de los Toros y Pueblo Centenario.
UPM inauguró en junio su segunda planta de celulosa en el país, que destacó como «una de las más competitivas y sostenibles a nivel mundial» y que supuso una inversión de 3.470 millones de dólares (3.117 millones de euros al cambio de hoy).
La primera planta de UPM generó un conflicto entre Uruguay y Argentina que incluyó protestas de ambientalistas, cortes de sus puentes binacionales, un pedido de ayuda del entonces presidente Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) a su par estadounidense George Bush, la mediación del rey de España Juan Carlos I y denuncias ante la corte de la Haya. EFE
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