El fracaso de la lucha antidrogas en América Latina es evidente y cada vez es más necesario un cambio que reemplace el enfoque punitivo por uno de salud pública y de respeto a los derechos humanos, coincidieron este miércoles en Bogotá los miembros de la Comisión Global sobre Política de Drogas.
El organismo, que presentó el informe «La política de drogas en Colombia, el camino a una regulación justa», el primero dedicado en exclusiva a un país, apoyó las iniciativas para lograr un cambio de estrategia, que tiene al presidente colombiano, Gustavo Petro, como abanderado.
«El fracaso de esta política de prohibición es evidente y el informe lo que hace es un análisis precisamente de eso, de los costos que hemos tenido en vidas humanas, en violación de derechos humanos, en corrupción, en inequidad, porque todo esto lo que hace es generar más inequidad, generar más pobreza», manifestó el expresidente colombiano Juan Manuel Santos.
En la presentación del informe también intervinieron los expresidentes Ruth Dreifuss (Suiza) y Ernesto Zedillo (México), así como el canciller peruano y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) Diego García-Sayán.
«Falta mucho, muchísimo, estamos prácticamente en el punto cero, lo que hemos logrado en los últimos diez años es modificar los términos de la discusión, hemos roto algunos tabúes que existían firmemente establecidos en la discusión política y en la discusión social sobre este tema», dijo Zedillo.
El expresidente mexicano dijo que hay países que han dado «algunos pasos» en dirección a la legalización, de los cuales los más significativos son los de Uruguay y Canadá, «en ambos casos referido únicamente al cannabis», y en algunos estados de Estados Unidos que «han descriminalizado, permitido, la producción y la comercialización del cannabis».
«Pero en el resto, hablando del continente, estamos prácticamente en punto cero», dijo Zedillo, quien elogió la reciente declaración de Petro, que en un discurso en la Asamblea General de la ONU pidió acabar con la guerra «irracional» contra las drogas y convocó a América Latina a unirse con ese propósito.
EL CRECIENTE PODER DEL NARCOTRÁFICO
Santos, que ha impulsado un cambio de enfoque en la lucha contra las drogas, también alertó sobre el creciente poder del narcotráfico en América Latina, que atribuyó al «total fracaso» de la guerra contra las drogas y de las políticas represivas.
«América Latina ha venido sufriendo un fenómeno que lo vemos desde México hasta Argentina y es el fortalecimiento del crimen organizado», apuntó Santos, que gobernó Colombia entre 2010 y 2018.
Agregó que «en muchas áreas hoy en América Latina, repito, desde México hasta Argentina, quien controla el territorio no es el Estado, es el crimen organizado y las democracias se están debilitando en todos los países debido a este fenómeno».
El también Premio Nobel de Paz en 2016 añadió que «la columna vertebral del crimen organizado es el narcotráfico, que después se diversifica como lo hace cualquier mafia hacia otros negocios», entre los que citó «la extorsión, la minería ilegal y la trata de personas».
Por su parte, el jurista peruano García-Sayán hizo un repaso de lo que se vive en relación con las drogas y dijo que es «dramático para Colombia y para toda la región Latinoamericana y no solo para los países andinos».
«Una guerra contra las drogas iniciada hace 40 años (…) ha fracasado, pero ha fracasado no como algo que se pueda concluir en un examen técnico, frío, sino sobre la sangre de nuestros pueblos, policías, miembros de las Fuerzas Armadas y de dramas que no han cesado de aumentar en las últimas décadas», sostuvo el jurista.
Al insistir en que la lucha contra las drogas como está planteada no es exitosa, dijo que «ha llegado el momento de decir basta a esta inercia y que se busque una acción coordinada para cambiar esta política fracasada».
RECOMENDACIONES A COLOMBIA
En su informe la Comisión hizo a Colombia cinco recomendaciones, comenzando por «regular» las drogas, no solo la marihuana, sino la cocaína y la amapola, para lo cual es «crucial la inclusión de las comunidades sistemáticamente marginadas en el diseño y la aplicación del proceso de reforma, en particular las mujeres, los campesinos, las comunidades indígenas y los afrocolombianos».
Igualmente recomendó que las políticas de drogas se basen en los derechos humanos y las estrategias que se adopten en ese sentido deben tener en cuenta «especialmente a las personas que consumen drogas, las comunidades indígenas y afrocolombianas, la sociedad civil y las comunidades que cultivan plantas que hoy son ilegales», entre otros.
También planteó trabajar para la despenalización de «todas las actividades, incluido el cultivo» para lo cual las autoridades «deben poner fin a todas las sanciones penales, administrativas y civiles por el consumo».
En cuarto lugar, se recomienda al Estado «una agenda sobre políticas de drogas que sea autónoma y no securitizada» porque «la lucha antidrogas no es un tema de seguridad nacional».
Finalmente el informe sugiere el «fortalecimiento institucional» con el fin de «aumentar la eficacia y crear un sólido enfoque en derechos humanos» en la lucha antidrogas. (EFE)
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