El Procurador General de Paraguay, Sergio Coscia, expresó este viernes su «optimismo» con que Uruguay acepte la extradición de los tres activistas acusados de secuestro en 2002 y que la semana pasada se entregaron en ese país con el objetivo de pedir allí refugio político.
«Somos optimistas por las señales que vimos», afirmó Coscia en una conferencia de prensa, dos días después de haber participado en Montevideo en una audiencia judicial en la que se presentó el caso.
Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán son reclamados por la Justicia paraguaya por el secuestro de María Edith Bordón, nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi, que fue liberada a cambio de una suma de dinero.
El procurador paraguayo vio indicios de que se puede lograr su extradición, debido a los primeros movimientos que ha adoptado la Justicia uruguaya, que ha mandado a prisión provisionalmente a los tres miembros del movimiento político Patria Libre, ya desaparecido.
«Hace 18 años que estas personas están prófugas de la Justicia y hoy se encuentran presos, detenidos, recluidos en una cárcel común», celebró Coscia.
Según sus estimaciones, el destino de los tres activistas se conocerá en un período máximo de 90 días, fecha límite para que la Comisión de Refugiados de Uruguay (CORE) emita un informe y la justicia ordinaria convoque una nueva audiencia.
«Ahora esto depende de una jueza de primera instancia», agregó el procurador paraguayo.
Coscia calificó como «un resultado absolutamente positivo» el viaje de la comitiva paraguaya, integrada por dos fiscales y por el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, que se desplazaron a Montevideo para ofrecer detalles sobre el caso.
Arrom, Martí y Colmán huyeron Uruguay, después de que Brasil les revocase su estatus de refugiados políticos, una condición que les ha permitido vivir en ese país desde 2003 y eludir a la Justicia paraguaya.
Brasil les concedió refugio, después de que los tres denunciaran que habían sido sometidos a torturas para que se declaren culpables del secuestro de Maria Edith Bordón durante la investigación policial.
Sin embargo, a finales de junio el Comité Nacional de Refugiados de Brasil revocó su estatus después de que dos de ellos, Arrom y Martí, perdieran un juicio contra el Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por los presuntos delitos de torturas.
La sentencia a favor es el principal argumento que Coscia esgrime para solicitar ahora la extradición de los activistas, ya que asegura que no se trata de «una cuestión política».
«Paraguay es un país donde existe el estado de derecho y que estas personas nunca sufrieron ninguna violación de sus derechos humanos», añadió el procurador.
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