La Ley Integral para Personas Trans, que fue aprobada a fines de 2018 y que establece medidas para revertir los mecanismos de discriminación y avanzar en la garantía de derechos para esta población, se medirá este domingo ante una ola conservadora que busca su derogación en Uruguay.
Encabezada por quien fue precandidato a presidente por el opositor Partido Nacional (PN) Carlos Iafigliola (que solamente consiguió 1.600 votos en las elecciones internas celebradas en junio), se llevará a cabo una consulta para que la población uruguaya decida si quiere llegar a un referéndum que evalúe derogar la ley.
Esta ley incluye medidas como una cuota para acceder a empleo y becas educativas, además de facilidades para los procesos de hormonación y cambio de género.
Desde la aprobación de dicha normativa, Iafigliola comenzó una campaña de recolección de firmas para el prerreferéndum que, finalmente, alcanzó la cantidad necesaria y logró que se lleve a cabo la votación del próximo domingo.
La votación deberá superar el 25 % de los votantes habilitados si se quiere que la propuesta vaya a referéndum. Esta votación no es obligatoria y solo deberán acudir quienes quieran que se derogue la ley.
No es la primera vez que Uruguay tiene un debate de este tipo ya que en 2013, poco tiempo después de que se legalizara el aborto en el país, hubo un prerreferéndum que pretendía derogar esta ley pero que apenas superó el 8 % de los votos.
Pese a que Iafigliola es del PN, son unos pocos los legisladores que apoyan su iniciativa, principalmente aquellos que se vinculan a la iglesia evangélica Misión Vida, como el diputado Álvaro Dastugue.
El resto de los sectores y los líderes políticos del PN como el también exprecandidato Jorge Larrañaga y su actual aspirante presidencial, Luis Lacalle Pou, se desentendieron de la propuesta.
Incluso Lacalle Pou subrayó a Efe que, si llega a la Presidencia, no pretende derogar ninguna de las leyes que integran la «agenda de derechos», donde también se incluye la legalización de la marihuana, el aborto y el matrimonio igualitario.
Iafigliola sostiene que la ley trans «rompe el principio de igualdad» porque otorga derechos especiales a personas solo por no ser heterosexuales.
En una cadena nacional para promocionar su prerreferéndum, los convocantes aseguraron que esta legislación consolida «la falsa, peligrosa y totalitaria ideología de género».
Además, Iafigliola insistió en dicha cadena en que la ley va en contra de la patria potestad porque los menores de edad pueden llevar a cabo hormonaciones sin consentimiento de sus padres.
Sin embargo, los colectivos trans y el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) afirman que la ley no plantea que los niños vayan a recibir estos tratamientos sino que se rige por los derechos del niño, donde se establece que si los padres no están de acuerdo con el derecho que el menor de edad quiere obtener, este puede acudir a la Justicia.
El SMU dijo en un comunicado que apoya la Ley y llamó a que la población no asista a votar en el prerreferéndum.
Naciones Unidas también se pronunció en los últimos días y mediante un comunicado expresó su «preocupación» por la iniciativa que se votará el domingo.
«Entendemos que la Ley Integral es clave para crear condiciones de igualdad para el cumplimiento de los derechos de todas las personas en el país y consideramos que se encuentra alineada con las normas internacionales», señala el escrito.
Asimismo, Naciones Unidas celebró que Uruguay «se haya colocado a la vanguardia regional e internacional» en materia de legislación contra la discriminación.
Por su parte, una de las voceras del colectivo trans, Colette Spinetti, dijo a Efe que tiene la sensación de que la consulta no alcanzará la cantidad de votos necesaria y que la propuesta de Iafigliola se basa «únicamente en campañas de odio».
Además, afirmó que los impulsores pertenecen a las iglesias neopentecostales que buscan apoyo popular para formar un bloque que ingrese al Parlamento.
Respecto al apoyo de la ONU y el SMU, Spinetti consideró que «fue una linda sorpresa».
En concreto, Uruguay pondrá a prueba este domingo la fuerza que tiene el ala conservadora del espectro político del país y será una señal para evaluar un posible avance de este sector en las elecciones presidenciales de octubre.
A partir de este lunes, Uruguay sabrá de qué lado se sitúa respecto a una normativa que fue aplaudida por diversas organizaciones locales e internacionales por su apuesta por la igualdad pero que hoy corre riesgo de comenzar a esfumarse.
Federico Anfitti (EFE)
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