El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, asistió a la 44.ª sesión del Congreso de Intendentes y presentó los avances del plan de inclusión social por el que se formalizó a 22.774 usuarios desde 2013 y se prevé incorporar 8.000 más en 2019. Solicitó al Congreso reducir la tasa de alumbrado público a estos usuarios. Además, ofreció los servicios del ente para la instalación de la conexión exterior en hogares realojados.
El Plan de Inclusión Social de UTE regularizó las conexiones eléctricas de 7.527 hogares en 2018, cifra que superó las expectativas para el año pasado, cuya meta era la formalización de 6.000 conexiones. Desde el inicio del plan en 2013, fueron incorporados al sistema formal 22.774 conexiones, de las cuales casi el 90 % permanecen. La meta para este año es la regularización de 8.000 usuarios.
La información fue proporcionada por el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, al Congreso de Intendentes, que se reunió este jueves 22. El jerarca explicó a los jefes comunales que un equipo compuesto por un asistente comercial y otro social conducen durante nueve meses a los nuevos usuarios durante el proceso de formalización. Este acompañamiento surge de un convenio entre UTE y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
Agregó que los nuevos usuarios reciben un 80 % de descuento en el pago del servicio de energía eléctrica, que aumenta de manera progresiva en ese período de acompañamiento y culmina con el pago total del servicio a partir del décimo mes. Otro beneficio es la reducción de las deudas si se mantienen dentro del sistema por más de un año.
Asimismo, Casaravilla indicó que para efectuar las instalaciones interiores, que si bien no son competencia de UTE, igualmente se debe garantizar su calidad, se acordó con el Instituto Nacional del Cooperativismo la contratación de 11 cooperativas que se dedican a realizarlas dentro de cada hogar regularizado.
En esa línea, la solicitud que presentó UTE ante el Congreso de Intendentes consiste en la eliminación o reducción de la tasa por el alumbrado público a estos nuevos usuarios. El jerarca recordó que seis intendencias tienen un acuerdo con el ente público por el cual redujeron el costo de esta tasa.
La segunda propuesta que se elevó al Congreso de Intendentes consiste en el trabajo junto con las intendencias en las tareas de realojo que se realizan a través del Plan Nacional de Viviendas. En ese sentido, recordó que los gobiernos departamentales, a través de este plan, se encargan de la relocalización de viviendas, la construcción de calles e instalaciones eléctricas tanto exteriores como internas. UTE ofreció encargarse de la instalación eléctrica exterior, cuyo costo aproximado supera los 1.500 dólares cada una. “Facilitar ese costo le permite al Gobierno departamental contar con más dinero para construir más viviendas”, para apoyar la inclusión social.
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