«Bajo el título INFORME DE LA COORDINACION PARA EL CAMBIO A LA ASAMBLEA BROU
16 DE SETIEMBRE 2017», publicamos el documento que presentan las listas 810 y 575 de AEBU.
Los trabajadores de las empresas del Estado nos declaramos en conflicto. No es casualidad ni novedad la situación. Sí lo es el enfrentamiento de los trabajadores con el Gobierno por la falta de negociación colectiva y de buena fe; por el incumplimiento de los convenios colectivos y por las crecientes, costosas y catastróficas privatizaciones en las empresas públicas. La orden de los organismos internacionales de liquidar las empresas del Estado no es nueva, ni únicamente para nuestro país. Basta con mirar lo ocurrido en toda Latinoamérica en la década de los 90. Sin embargo, parecen estarlo consiguiendo al no encontrar resistencia (por el contrario) en los gobiernos progresistas ni en los trabajadores organizados, en muchos casos, con direcciones afines al propio Gobierno.
Hoy, esa misma orden continúa en pie, y algunos sindicatos en nuestro país, nuevamente, se lanzan a la calle en contra de las privatizaciones, que de manera constante y continua avanzan precarizando el empleo, aplicando el ajuste sobre los trabajadores, y dando de ganar a las empresas privadas, bajo el falso argumento de la baja de costos. El pasaje de las tareas a manos privadas, por sectores, por áreas, en las distintas empresas es parte fundamental de una política que tiende a destruir a las mismas, y por consiguiente, continuar beneficiando a los capitales privados.
Cuando el gobierno no puede controlar un sindicato, aplica, como política de contención del movimiento obrero, decretos de esencialidad o el 401, cada vez con menos argumentación, pero con la misma actitud represiva. La cúpula sindical se encarga de utilizar la aplicación de los decretos para desestimular el empuje de las bases. Las declaraciones de la cúpula del PIT-CNT responsabilizan a los trabajadores por las medidas adoptadas, antes que al gobierno por los decretos represivos y por la situación que genera los conflictos.
La ley de inclusión financiera, enmarcada en lo que consideran derecho humano y justificándolo en que es el camino para solucionar la pobreza en el mundo, cómo si los trabajadores pudieran vivir sin techo, y sin ingresos dignos pero resguardados por tener una tarjeta de débito y una cuenta bancaria, la cual se hace obligatoria y de la cual se restringen los retiros. La “inclusión financiera” no responde ni a la educación, ni a la alza de los salarios ante una canasta básica con un precio exorbitante, sino a la necesidad de los Bancos de captar nuevos depósitos para realizar su negocio, y de facilitar su colocación de créditos al consumo, minimizando su propio riesgo.
Por si esto fuera poco, al tiempo que el Gobierno Uruguayo avanza en la bancarización obligatoria, retira dependencias en el interior del país y obliga a los usuarios a ser atendidos por corresponsales privados, trasladando la operativa, la información, el negocio, las ganancias y precarizando el empleo.
La Banca Oficial
El BSE se enfrentará a una crisis que podrá, de no encontrarse una solución real, dejar a la empresa en bancarrota. El negocio de las AFAPs es tan negativo que ninguna empresa aseguradora privada se hizo cargo, quedando únicamente el BSE obligado por ley.
El BHU está ingresando en una nueva reestructura de la cual el Consejo de Sector recién está en conocimiento, sin saber aún su fundamentación, ni su alcance.
La ANV sigue en su camino de separación de la misma del sistema financiero. Los trabajadores “genuinos” no están amparados bajo el Convenio Colectivo de la Banca Oficial, manteniendo unas condiciones precarias con respecto al resto de la Banca Oficial y en particular de los compañeros de la misma institución provenientes del BHU.
El BCU va de reestructura en reestructura, en pos de la “estructura objetivo”, slogan bien parecido al de “tareas de valor agregado” del Directorio del BROU; fusionando escalafones y tareas, tecnificando el personal e incumpliendo aún las condiciones de pasaje a la Banca Oficial de los trabajadores ex Bandes.
El BROU transita un camino de achique. Su piloto fue en 2013 con el cierre parcial de Baltasar Brum y hoy son 21 las dependencias en esa situación. El Consejo de Sector permitió que el Banco avanzara en ese sentido durante todos estos años a pesar de nuestra constante denuncia al respecto.
El vaciamiento de las dependencias, el retiro de carteras, las recategorizaciones a la baja una y otra vez, cambiando criterios y ponderaciones, imposibilitando a las sucursales a volver a crecer y los posteriores cierres parciales, son todas parte de la política del Banco que no escapa de los lineamientos del Gobierno en cuanto a las empresas del Estado.
La nueva conducción de la Banca Oficial trajo consigo un cambio en la forma de discutir, negociar y sobre todo plantarse frente a un gobierno ajustador y defensor de los intereses de los capitales privados, contraponiéndolo con el compromiso de la defensa de la Banca Oficial, de su rol social, la defensa del empleo y de las condiciones de trabajo.
La propuesta presentada por el BROU en junio de este año (a un mes de asumir el Consejo) a la Comisión Representativa, fue de inmediato tomada por el Consejo. En aquella establecía, entre otras cosas, en menos de una carilla y sin una mínima justificación lo siguiente:
El primer punto, la creación de 4 niveles de dependencias. La primera con dos gerentes, la segunda que mantendría como las hoy conocidas como A, la tercera como las B, y la última como Microbancas. Esto significa la eliminación de las dependencias C, por lo que el paso para su desmantelamiento tiende a ser mucho más rápido.
El segundo punto establecía el pasaje de 15 dependencias a la categoría de Microbanca. La propuesta no establece un criterio para la conformación de la primera categoría, que en definitiva podría ser beneficiosa, pero sí detalla el achique.
El tercer punto era el cierre parcial de 5 nuevas dependencias en el interior (las últimas que quedaban como Microbanca al momento).
La nueva propuesta mantiene el cierre parcial, con la diferencia de mantener las puertas abiertas los primeros 10 días corridos, para luego sí pasar al cierre parcial. Por tanto, la modificación en el mejor de los casos mantiene 3 días más abierta las dependencias con respecto a la propuesta inicial.
Luego establece la creación de una comisión de monitoreo que estudie únicamente estas 5 dependencias: no incluye las 21 ya cerradas, ni establece la posibilidad de mantener a estas sucursales en el régimen actual.
En definitiva, se nos plantea la anuencia del sindicato con respecto a las dependencias ya cerradas, aceptando no incluirlas en la discusión y por ende dando el capítulo por cerrado, lo cual no solo significa un retroceso de nuestra parte, sino que habilita la posibilidad de continuar avanzando en el mismo sentido con más y más dependencias. Si a esto le agregamos que la proyección del Banco es pasar 65 dependencias a Microbanca, y que al día de hoy todas las que se encuentran en esa categoría fueron o pretenden ser pasadas a este régimen, hablamos de que el 50% de las dependencias podría pasar al cierre parcial. Y mientras tanto, el pasaje de las tareas, operativa, negocio y ganancias continúan en aumento a manos de privados.
El cuarto punto era la fusión de 10 agencias en Montevideo. Uruguay-Aguada, Portones-Carrasco, Villa Biarritz-Punta Carretas, Paso Molino-Sayago y Unión-Mercado Modelo. Esta fusión venía de la mano del inminente cierre de alguna de estas agencias, sin una argumentación real, ni un criterio claro (ni por volumen de operativa, ni por cercanía, ni costos, etc).
La última propuesta de Directorio reduce de 10 a 4 las dependencias que se fusionan, sin contar las 4 ya fusionadas (Zabala-Misiones, que nunca fue comunicada oficialmente al sindicato y la reciente Centro-Gaucho en el nuevo Edificio Litoral con un local ya construido al momento de iniciar las negociaciones). Las que se mantienen, curiosamente son Unión-Mercado Modelo y Paso Molino-Sayago. Tanto Unión cómo Paso Molino fueron las dependencias que más “Cuentas Inclusión” abrieron, por tanto es claro que tienen de las más grandes zonas de influencia de toda la red.
Conociendo cómo se desarrolla la operativa en esas Agencias y la situación de las condiciones de trabajo de los compañeros, podemos además determinar que ya es complicada la afluencia de público hoy en día, si además se traslada la operativa de otra dependencia, la situación pasará directamente a ser caótica, justificándose aún más la presencia de corresponsales.
La agencia Mercado Modelo, apenas unos años atrás había pasado de ser categorizada B, a A. Esto implica, según la medición que realiza el Banco, un aumento en la operativa y en el negocio. Sin embargo, el Directorio resuelve ir hacia el achique, y fusionar la dependencia.
¿Cuál será el argumento? No lo sabemos. Nunca se contestó.
La agencia Sayago dejaría de atender público en general, trasladando su operativa a Paso Molino. Su zona de influencia es amplia, y lo único que queda en ella es la Banca privada. ¿Se tomó en consideración? ¿Qué sucederá con la sobrecarga no sólo en Paso Molino, sino en Colón, y en Unión? Tampoco hay respuesta.
Luego se agregan un par de elementos que recogen parte del planteo del sindicato en la propuesta presentada en el ámbito. Los concursos internos de ascensos, que en definitiva son la regularización de la situación actual, con varios cargos siendo ocupados con asignación de funciones. Lo otro, el ingreso de 150 trabajadores de la lista de prelación de administrativos que no llega a cubrir las vacantes.
Si bien consideramos ambos puntos favorables, es necesario hacer algunas precisiones. En primer lugar, en el año 2013 (año del último ingreso de personal) había un total de 4262 trabajadores presupuestados. Al día de hoy somos 3745. Considerando el ingreso de los 120 administrativos y los 10 choferes estaríamos en 3875 trabajadores. En promedio en los próximos años se jubilan alrededor de 200 trabajadores por año. El 2019 es año electoral, por lo que no pueden ingresar nuevos trabajadores, a lo que se suma el tope en el total de funcionarios en los presupuestos, por directiva de la O.P.P.
Por tanto, el ingreso de 150 trabajadores no da para cubrir las vacantes ya generadas desde el 2013, pero además mucho menos para palear las jubilaciones de los próximos años, y por si fuera poco, el ingreso previsto es únicamente para administrativos, por lo que se continúa con la sangría del escalafón de servicios, llevándolo casi a la extinción, lo cual se traducirá en más privatización y más precarización.
Los concursos de ascenso previstos, como marcábamos arriba, es la regularización de la situación actual. Ahora, primero, esto no debe ser moneda de cambio en una negociación, la regularización debe ser hecha sea cual sea la negociación que se lleve adelante y por otro lado, ¿serán esos cargos suficientes? ¿Cuál es la estructura prevista? Y más aún, ¿cuál es la proyección si según el plan se pasaría a tener 65 Microbancas, lo que llevaría a la eliminación de más puestos de Gerentes y Japs, y si además la dotación de las mismas no está establecida, llegando a ser atendidas por 2 trabajadores? ¿Qué sucede con el encargado de Microbanca? ¿Seguirá siendo un cargo con perfil y manual, pero sin ser concursado?
El otro punto integrado por el sindicato en la discusión son las privatizaciones. El banco en su propuesta dice que “Las tareas permanentes y sostenidas centrales del negocio bancario son y seguirán siendo realizadas por trabajadores genuinos del BROU.” En definitiva no se reconoce la existencia de ninguna privatización. Y en esa línea propone el Banco generar un espacio de negociación bipartita. Lo cual, partiendo de esta base, ya adelantamos, no arrojará ningún resultado favorable si cerramos la etapa de negociación en este momento.
