Este documento presenta los principales hallazgos del tercer informe de monitoreo de amenazas a la libertad de expresión en el ejercicio de la profesión periodística en Uruguay, realizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), con la colaboración de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y el apoyo de la red Intercambio para la Libertad de Expresión (IFEX).
El reporte da cuenta del estado de situación en el período comprendido entre el 1 de abril de 2016 y el 31 de marzo de 2017. Se enmarca en el proyecto “Periodismo y libertad de expresión en Uruguay. Monitoreo de amenazas” que busca generar nuevas herramientas para la promoción y defensa de la libertad de expresión en el país a partir del desarrollo de una metodología de relevamiento y sistematización de información sobre la materia.
Este tercer informe del monitoreo de amenazas a la libertad de expresión realizado por CAinfo con la colaboración de APU y el apoyo de la red IFEX, actualiza la información registrada en los dos reportes anteriores y demuestra que en el país todavía ocurren episodios que de acuerdo a los estándares internacionales y regionales constituyen amenazas a la libertad de expresión y por tanto vulneran el pleno ejercicio de este derecho por parte de los profesionales de la actividad periodística.
23 casos registrados de amenazas a la libertad de expresión vinculadas al periodismo
Los resultados que aquí se sistematizan abarcan el período comprendido entre el 1 de
abril de 2016 y el 31 de marzo de 2017. Durante este período se registraron 23 casos
de amenazas a la libertad de expresión vinculadas al ejercicio periodístico en todo el
territorio del país.
Si se desglosa la información por departamento, 16 se produjeron en Montevideo, 2 en
Paysandú y un caso en San José, Maldonado, Colonia, Artigas y Flores.
- El 7 de febrero de 2017 la periodista Isabel Prieto, de la revista Caras y Caretas,
retornaba a su casa en su auto cuando fue abordada por una persona que desde una
moto que le efectuó un disparo. La periodista no fue alcanzada por la bala pero resultó
herida leve debido al rebote del proyectil en la carrocería del vehículo. La periodista
había denunciado días antes la irregularidad policial en un procedimiento realizado por
efectivos de la Seccional 19. A pesar de las denuncias realizadas y las reuniones
mantenidas por la periodista y organizaciones de la sociedad civil con autoridades del
Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación (FGN) el crimen nunca se
esclareció y no fueron encontrados los responsables.
. El 14 de junio el periodista Daniel García Poggi denunció las amenazas realizadas por
la alcaldesa suplente de Ciudad del Plata Laura Colombo a través de mensajes de
texto. García Poggi había publicado una nota en la revista Identidades de San José
sobre la gestión en el Municipio.
-El 18 de junio el fotógrafo del diario El Telégrafo Andrés Franco, fue agredido y
amenazado de muerte por una persona al momento de cubrir un accidente de tránsito
en Paysandú.
– El 12 de diciembre una empresaria inmobiliaria de Maldonado amenazó a través de
la red social Facebook a la periodista Mónica Robaina del semanario Brecha. Robaina
publicó dos artículos en los que informó sobre la situación del balneario Aguas Dulces,
en el departamento de Rocha, luego del temporal del mes de octubre. La empresaria,
propietaria de una inmobiliaria en la zona, se comunicó con la periodista dirigiéndole
mensajes amenazantes y agraviantes, atribuyéndole la intención de difundir mentiras
para perjudicar a la población del balneario rochense. Además instó a través de la
misma red social a que otras personas llevaran adelante la misma actitud.
-El 4 de enero de 2017 un grupo de personas que se identificaron como parciales del
Club Nacional de Football inició una campaña de acoso en las redes sociales a la
periodista de Televisión Nacional (TNU), Georgina Mayo, por la cobertura que venía
realizando sobre el tiroteo en Santa Lucía el 28 de diciembre de 2016 que provocó la
muerte de un parcial de Peñarol. El objetivo de la campaña era que la periodista fuera
despedida del canal público.
-El 9 de febrero el empresario Gustavo Torena irrumpió en los estudios de radio 1010
AM durante la transmisión del programa “Las Voces del fútbol” y amenazó a los
periodistas que realizaban una entrevista al exfutbolista Álvaro Recoba. El periodista
Julio Ríos denunció penalmente a Torena, quien fue tres días después fue procesado
por el juez Eduardo Pereyra por un delito de violencia privada.
-El 19 de febrero el director responsable del conjunto de parodistas Momosapiens,
Horacio Rubino, golpeó al periodista del programa radial “Carnaval del Futuro”, que se
transmite por 1410 AM, Eloy Calvo. El motivo de la agresión, que se produjo al
terminar la actuación del conjunto en el Teatro de Verano, fue la discrepancia con las
opiniones del periodista. Al día siguiente, mediante un comunicado público, la gremial
de directores de carnaval DAECPU declaró “persona non grata” al periodista y expresó
su apoyo a Rubino, aunque dijo rechazar la violencia y defender la libertad de
expresión.
-El 15 de marzo el presidente del Club Atlético Peñarol Juan Pedro Damiani cuestionó
la cobertura que realizan los medios de comunicación sobre la institución que preside
y exigió que todos los periodistas hagan público de qué club son hinchas. El reclamo
se produjo durante una entrevista realizada en la radio Sport 890.
-El 31 de octubre el periodista Gabriel Monteagudo del semanario El Eco de la ciudad
de Carmelo fue citado a declarar ante la justicia penal por una demanda por
difamación e injurias presentada por el presidente del Comité Departamental de
Emergencias Luis Garat. El funcionario se sintió agraviado por las críticas que el
periodista realizó en su medio y en su perfil de la red social Facebook por las
dificultades para acceder a declaraciones de Garat ante hechos de interés público que
Periodismo y libertad de expresión en Uruguay – Monitoreo de amenazas tienen que ver con su tarea. La audiencia se postergó para el próximo 20 de diciembre.
-El 17 de noviembre el humorista sanducero Andrés Irazoqui fue notificado de inicio de
una demanda penal por difamación e injurias por parte de la diputada suplente del
Partido Nacional Patricia Vázquez. La denuncia se sintió agraviada por una columna
de humor que Irazoqui publicó en su página de la red social Facebook, en la que hacía
comentarios satíricos sobre la inauguración de la nueva terminal de ómnibus de la
ciudad de Paysandú.
-El 22 de noviembre el matutino La Diaria recibió una carta del comandante en Jefe de
la Armada, almirante Leonardo Alonso, amenazando con iniciar “acciones” luego de
haberse sentido agraviado por la publicación de la columna de humor “El Faro del fin
del mundo”. En la carta firmada por el comandante Alonso se acusa al medio de
“agraviar” a su persona por publicar “palabras y frases que nunca mencioné y que por
lo tanto son falaces” e intima al medio a aportar las pruebas de sus afirmaciones.
El 12 de junio el periodista de Canal 12 Diego Castro fue amenazado por parciales de
Peñarol que festejaban el campeonato obtenido ese día. Varias personas le impidieron
realizar la cobertura de los festejos y además lo amenazaron para que no mostrara
cómo vandalizaban varios comercios y cometían robos en el Centro.
-El 21 de junio la periodista del semanario Búsqueda María Paz Sartori fue insultada a
los gritos por el director del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), Gabriel
Pisciottano, quien además intentó sacarla del lugar tomándola de un brazo. La actitud
del jerarca fue uno de los motivos que, según trascendió, derivó en la destitución de
Pisciottano de su cargo en el Inumet.
-El 3 de julio el periodista del Canal 8 de Artigas, Monty Suárez, fue agredido por
parciales del Club Wanderers de ese departamento que estaban molestos por los
comentarios que realizó durante el partido jugado contra el club 18 de Julio de
Paysandú.
-El 11 de diciembre el camarógrafo de Canal 12, Pedro Testa, es agredido por un
grupo de personas que se encontraban en el centro de Montevideo celebrando la
obtención del campeonato Uruguayo por parte del Club Nacional de Football.
-El 10 de junio el periodista Dino Capelli denunció que el dirigente del Club Peñarol
Ignacio Ruglio llamó al diario español Marca (medio para el que trabajaba como
corresponsal) para que levantara una nota sobre el número de campeonatos ganados
por los dos clubes grandes de Uruguay, argumentando que no era cierta. El periódico
decidió levantar la nota escrita por Capelli y despedirlo.
-El 1° de diciembre el gremio de funcionarios de la Intendencia de Montevideo (IM)
emitió un comunicado en el que descalificó una investigación realizada por el
periodista Diego Píriz, publicada por el diario El País el 24 de noviembre, sobre la
comisión de presuntas irregularidades en la cesión de libretas de conducir en el ámbito
de la IM.
-El 14 de abril el ministro de Salud Jorge Basso advirtió que no aceptaría preguntas ni
haría declaraciones a la prensa durante su participación en el lanzamiento del primer
curso de cannabis medicinal en Uruguay y América Latina para profesionales médicos.
-El 28 de junio el crítico de cine Adolfo Gorosito denunció que dos distribuidoras de
cine (Life y RBS) resolvieron impedirle el acceso a sus funciones de prensa debido al
contenido de sus notas periodísticas. En el caso de RBS la situación fue subsanada
luego de la gestión del mismo periodista.
-El 1° de diciembre el principal referente del Partido de la Gente, Edgardo Novick,
convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa, pero no aceptó
preguntas. Un periodista, de todas formas, le hizo preguntas que Novick no contestó.
Luego el dirigente político y empresario increpó al periodista.
-El 13 de febrero de 2017 el Poder Ejecutivo emite un decreto que dispone que los
funcionarios públicos que hagan público, divulguen o den a conocer informaciones
tales como solicitudes, proyectos, informes, dictámenes y otros documentos que no se
especifican, excepto en los casos previstos por la ley, incurrirán en falta muy grave,
pasible de destitución. La medida es un retroceso en la búsqueda de una mayor
apertura en el acceso a la información pública e implica, de manera indirecta, una
obstrucción al trabajo periodístico al dificultar el acceso a información relevante sobre
la actividad de los organismos estatales dependientes del Poder Ejecutivo.
-El 22 de febrero la Asociación de Comunicadores de Flores denunció públicamente a
una funcionaria de OSE por impedir a un equipo periodístico de Canal 8 de Trinidad
realizar la cobertura de la reparación que el organismo realizaba sobre la Ruta 14.
-El 6 de marzo durante una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva el presidente
de la República, Tabaré Vázquez, y el director de la Secretaría de Comunicación de la
Presidencia José Luis Veiga impidieron a varios fotógrafos que realizaran tomas
gráficas del mandatario. Presidencia había convocado a los medios de comunicación
por la reunión que Vázquez había mantenido con el presidente del Frente Amplio
Javier Miranda. Veiga argumentó que no se le debían tomar fotos a Vázquez porque
se encontraba “trabajando”.
