Los productores familiares titulares de su tierra y sin deudas con su respectiva intendencia que exploten hasta 200 hectáreas accederán a un certificado otorgado por el Ministerio de Ganadería para solicitar la exoneración en el pago de la contribución inmobiliaria rural de 50 hectáreas. Cada comuna definirá la autorización final y el cierre de plazos para el pago.
El certificado, que es otorgado en las oficinas del Ministerio de Ganadería de todo el país con la presentación de la cédula de identidad o directamente en el portal web de esa cartera, establece que el titular reúne las condiciones de productor familiar. Este beneficio corresponde a todos los inscriptos en el registro de productores con declaración jurada vigente.
“Cada intendencia departamental opera la contribución y solicita, como un documento adicional para la exoneración, el certificado que emite la Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería”, especificó el asesor de esa dirección, Fernando Sganga, en entrevista con la Secretaria de Comunicación Institucional.
Según datos del registro, a octubre de 2016, existen 20.671 Unidades de Producción Familiar vigentes que comprenden 47.622 personas.
De ese total, 33.268 son mayores de 18 años y realizan tareas en la unidad productiva, por lo tanto cumplen con las condiciones para ser considerados productores/as familiares y son potenciales beneficiarios de las políticas públicas diferenciadas para la agricultura familiar.
“El registro brinda beneficio a más del 90 % del universo de productores”, aseguró el entrevistado.
“La Dirección de Desarrollo Rural trabaja en 14 políticas públicas vinculadas al Registro de Productores Familiares, como herramienta fundamental en identificar actores para acceder a los beneficios que brinda a través de la cédula de identidad de cada productor”, expresó Sganga.
Las políticas de desarrollo incluyen: acceso a llamados públicos, convocatoria de financiamientos, políticas financieras crediticias, atención diferenciada ante caso de emergencia agropecuaria, acceso al fondo lechero y algunas de las políticas públicas implementadas por el Ministerio de Ganadería.
A su vez, junto al Banco de Previsión Social, se trabaja en la aplicación de la ley para la rebaja del 50 % de los aportes patronales a las empresas de productores familiares, así como en facilitar el acceso a la tierra, en este caso, junto al Instituto Nacional de Colonización o la construcción de unidades productivas rurales por parte de Mevir y otros beneficios que permite la inscripción en el registro.
