Un vecino de Carmelo hizo público un reclamo por la situación de su cuñado, un pensionista que denunció ante la Policía y el Banco de Previsión Social (BPS) el descuento de una cuota correspondiente a un préstamo que, según manifestó, nunca solicitó.
Juan Carlos Franggi Pérez señaló en una presentación remitida a distintos organismos que el caso comenzó en los primeros días de agosto, cuando su cuñado, Juan Carlos Suárez Torres, cobró su pensión a la vejez y constató el descuento.
Según la documentación referida por Franggi, Suárez presentó el 5 de agosto una denuncia en la Seccional Tercera de Carmelo y realizó también una gestión ante la oficina local del BPS.
Franggi sostiene que, al consultar posteriormente por las actuaciones, la denuncia figuraba “en trámite” en la Fiscalía Letrada de Carmelo. También afirmó que, en una respuesta obtenida del Ministerio del Interior, se indicaba que no había actuaciones registradas para esa denuncia.
Reclama que se determine cómo fue otorgado el crédito
En su planteo, Franggi solicita que se esclarezca qué documentación fue utilizada para concretar la operación y si existe una firma vinculada al retiro del dinero y a la financiación.
También pregunta si existen registros de cámaras de seguridad del local de cobranza donde se habría realizado la operación y, en ese caso, qué organismo debería requerir esas imágenes y la documentación correspondiente para incorporarlas a la investigación.
El vecino reclama además que se determine quién realizó la transacción en caso de comprobarse que el titular de la pensión no la autorizó.
Franggi también cuestiona el tiempo transcurrido desde la presentación de la denuncia y solicita que se adopten las medidas necesarias para preservar y obtener posibles elementos de prueba.
El descuento representa un tercio de la pensión
Otro de los puntos planteados refiere al impacto económico que, según Franggi, tiene el crédito cuestionado sobre los ingresos de su cuñado.
De acuerdo con la información proporcionada por el vecino, Suárez percibe una pensión mensual de unos 18.000 pesos y se le descuenta una cuota cercana a los 6.000 pesos por el préstamo denunciado, con un plazo de tres años.
Esto supone, según los datos aportados, que aproximadamente un tercio de la prestación mensual queda comprometido por una obligación que el pensionista asegura no haber contraído.
Franggi pidió además que se revisen los mecanismos utilizados para la concesión de préstamos y los controles destinados a verificar la identidad y el consentimiento de jubilados y pensionistas.
El reclamo apunta a conocer qué actuaciones se realizaron
En su presentación, el vecino invoca disposiciones constitucionales y legales y plantea una serie de preguntas dirigidas a los organismos con competencia en la investigación y en la protección de jubilados y pensionistas.
El eje del reclamo es conocer qué actuaciones se realizaron desde la denuncia presentada en agosto, determinar de qué manera se gestionó el préstamo y establecer si existen documentos o registros de cámaras que permitan esclarecer lo ocurrido.
Hasta la información aportada para esta nota, no consta una resolución judicial que determine la existencia de un delito ni responsabilidades individuales en el caso.
Comentarios