El prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, aseguró que el gobierno analiza jurídicamente acciones ante lo que consideró relativización de la información oficial que brindan los servicios de meteorología a los ciudadanos.
«Vimos alguna expresión a través de las redes sociales que desestimaban o relativizaban la información oficial del Estado en materia de pronóstico del tiempo y se presentaba una especie de simpatía o preferencia por algún profesional que pronostica de forma particular. Eso es muy grave, pero muy grave, y se está haciendo un análisis jurídico porque ya nos pasó antes y ahora sí, hemos tomado la decisión de cortarlo», dijo Roballo entrevistado en el programa Visión Nocturna de Radio Uruguay, luego de ocurrido el temporal en San Carlos.
Cuestionó que a través de medios de comunicación o comunicadores se relativice la información del organismo oficial (Instituto de Meteorología, Inumet), y se derive a actores privados.
El prosecretario insistió en que no se puede relativizar la alerta meteorológica que emite el organismo oficial Inumet, porque las personas toman decisiones en función de ella para preservar su integridad física y la de sus bienes. “El objetivo no es generar alarma, sino conciencia social sobre la necesidad de prestar atención a las alertas y a los protocolos que se establecen en función de ellas”, dijo.
Ante los reiterados sucesos climáticos de los últimos días, el prosecretario de la Presidencia y presidente del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Juan Andrés Roballo, realizó aclaraciones en cuanto a la diferencia entre pronósticos y alertas.
“El pronóstico, que es opinable, cualquiera de nosotros lo puede hacer y difundir. Incluso hay una cooperación importante entre el sector privado y el público que ayuda mucho, aunque el órgano oficial sea el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet)”, explicó Roballo en rueda de prensa, a la salida de Torre Ejecutiva. Dijo que los pronósticos se pueden hacer en función de diversos modelos e información que se obtiene de Internet por medios directos.
“Otra cosa diferente son las alertas (amarilla, naranja y roja) que refieren a la posibilidad de que acontezcan determinados fenómenos que pueden hacer peligrar la integridad física de las personas y sus bienes. Ese es el elemento central al que nos referimos en las últimas horas”, puntualizó. “Como las alertas se basan en pronósticos, puede haber algún error, pero no se puede relativizar una alerta que da el organismo oficial, porque las personas toman sus decisiones en función de ella”, agregó.
Roballo insistió en que el objetivo no es generar alarma, sino generar conciencia. “Se trata de promover una cultura diferente sobre la necesidad de prestarle atención a las alertas y a los protocolos que se establecen en función de cada alerta para minimizar las posibilidades de afectación de las personas y sus bienes y para generar un orden en ese sentido. Las alertas son obligación exclusiva del Estado”, enfatizó.
Aclaró que el concepto de “penalizar” que se divulgó en estos días en los medios nunca estuvo en la mesa de trabajo ni en la idea de nadie. “Cuando hablamos de ‘analizar el ordenamiento jurídico’ —que fue la expresión— nos referíamos al sistema de alertas y la difusión de los sistemas de alertas a través de mecanismos que se utilizan en diversos países. Ahí los medios de comunicación y los diferentes actores públicos y privados tienen mucho para hacer. Muchas veces pasa por protocolos que ya existen y no por leyes”, indicó.
Sostuvo que se está analizando si se necesita algún tipo de ajuste a nivel normativo. “En las últimas horas nos concentramos en revisar los protocolos y ver si se pueden transformar en normativa o no. Tal vez no sea necesario, pero el objetivo sería viabilizar la sinergia entre los actores privados, los públicos y los medios de comunicación, que juegan un rol importantísimo en esto, porque son quienes se expresan ante la ciudadanía y tienen el grado de credibilidad ante ella. Confiamos en que haya buena receptividad: dar la información oficial y que luego el meteorólogo privado y el comunicador hagan su valoración con total libertad, como corresponde. Eso es una tradición en Uruguay y se mantendrá”, concluyó.
Vía: El Observador y Presidencia de la República
