Día del Periodista
Con motivo de conmemorarse hoy domingo 23 de octubre el día del Periodista, Cainfo, APU y la Coalición por una Comunicación Democrática saludan a todos los/las periodistas y comunicadores y subrayan la importancia de su trabajo para garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión en el país.
Queremos aprovechar esta fecha para destacar en la agenda del país algunos temas que tienen directa vinculación con el ejercicio del periodismo y que apuntan a generar condiciones habilitantes para avanzar en la tutela de la libertad de expresión.
Uruguay ocupa en este momento una posición destacada en materia de libertad de expresión, como resultado de una serie de reformas legislativas que tuvieron lugar en los últimos años y que permitieron adelantar en la materia y armonizar su marco jurídico a los estándares interamericanos. Así resultó un impulso importante la despenalización de los llamados delitos de comunicación, la ley de radiodifusión comunitaria, la ley de acceso a la información pública y más recientemente la ley de servicios de comunicación audiovisual.
Sin embargo aún queda planteado el reto de la adecuada implementación de algunas de estas disposiciones legales y la profundización de la regulación legal en la materia, de manera de garantizar que el país cuente con una ley de publicidad oficial que recoja los estándares interamericanos garantizando la transparencia y pautas no discriminatorias, así como el fortalecimiento de la política pública en materia de acceso a la información pública y la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Todas estas medidas, sin lugar a duda, resultan necesarias para fortalecer la libertad de expresión y el ejercicio de la actividad periodística. Dada su realidad en perspectiva regional, Uruguay se encuentra en una condición privilegiada para ello.
A continuación planteamos algunas cuestiones que – a nuestro juicio- resultan claves para avanzar en esa línea.
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
A casi dos años de aprobada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se hace imprescindible su inmediata implementación como forma de dar certezas jurídicas. Para ello no sólo se debe reglamentar la ley sino, incluso antes, se deben constituir los organismos que tienen como cometido instrumentar varios aspectos de la ley, como lo son el Consejo de Comunicación Audiovisual (que dentro de sus competencias tiene las de aplicar, fiscalizar y dar cumplimiento a las disposiciones de la ley) y el Consejo Honorario Asesor de los Servicios de Comunicación Audiovisual, que deberá ser consultado en forma perceptiva para la elaboración del reglamento de la ley.
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia Dr. Ricardo Pérez Manrique, el pasado 7 de octubre en Santiago de Chile con motivo del 7° Congreso de Reguladores del Audiovisual de Iberoamérica, expresó sobre este tema: “De unos 200 artículos (que tiene la ley) hemos declarado inconstitucionales unos pocos artículos, y no hacen a la estructura de la ley. Es decir, la estructura en cuanto a derechos de los usuarios, a la creación de un organismo independiente y con integración multisectorial… ha superado el test de constitucionalidad, así como la gran mayoría de la norma”, por lo que, “en este momento esas sentencias marcan el rumbo definitivo de la Corte”. Si nos atenemos a estas declaraciones, no tiene sentido seguir dilatando la implementación de la ley.
Publicidad Oficial
Es un hecho alentador en materia de promoción y garantías de la libertad de expresión e información el ingreso formal al Parlamento Nacional en agosto de 2015 de un proyecto de ley elaborado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAinfo) con el objetivo de establecer criterios más transparentes y justos para la asignación de publicidad oficial. La iniciativa ciudadana contó con el respaldo de legisladores del Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional y Partido Independiente, lo que permitió su tratamiento parlamentario.
Una ley de regulación de la publicidad oficial otorga garantías jurídicas y democráticas para que la distribución de publicidad oficial no sea utilizada discrecionalmente por los organismos públicos como medio para presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas.
Actualmente el Proyecto está a consideración de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes (Diputados), por lo cual su pronta aprobación constituiría un gran avance para la libertad de expresión e información para nuestro país.
Acceso a la información pública
La ley 18.381 que entró en vigor en octubre de 2008 reguló el derecho de acceso a la información pública de raigambre constitucional. La aprobación de esta norma supuso un hito muy importante al que contribuyeron los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil, y que contó el apoyo del sistema político. Sin embargo hoy a 8 años de su vigencia, si bien se ha avanzado en la implementación de la ley aún persisten obstáculos.
En los últimos años CAinfo y APU han recibido consultas y denuncias de periodistas que han intentado utilizar la ley para llevar adelante su tarea de informar a toda la sociedad y que han encontrado distintas trabas para ello. Si bien en muchos casos la ley ha funcionado adecuadamente y ha permitido a la ciudadanía acceder a información de interés público a través del uso que de ella han hecho los y las periodistas, no puede pasar desapercibido el hecho de que en distintos casos el amparo de este derecho requirió ir a la justicia y/o al órgano de control, la Unidad de Acceso a la Información Pública.
Los obstáculos que seguimos advirtiendo en estos casos refieren a la inadecuada clasificación de información, así como a la incorrecta aplicación del procedimiento especial previsto en la ley, derivando en la entrega tardía de la información y/o de manera incompleta.
Por eso, esta fecha nos parece muy oportuna para advertir estas cuestiones e instar a los sujetos obligados por la ley a implementarla de manera adecuada, aplicar los procedimientos y estándares legales para la clasificación de información y agotar los procedimientos y esfuerzos para que la información sea aportada de manera clara, completa y oportuna.
Asimismo entendemos que si bien la ley tiene aspectos muy positivos, en virtud del desarrollo de los estándares interamericanos en la materia y de la necesidad de robustecer la tutela del derecho de acceso a la información en el país resulta necesario discutir y avanzar una mejora de la norma. Estas modificaciones deberían apuntar a fortalecer el órgano de control previsto en la ley, ampliar la nómina de sujetos obligados y perfeccionar el régimen de excepciones entre otros asuntos.
Amenazas a la libertad de expresión de los periodistas
Desde 2015 CAinfo y APU elaboran un informe anual sobre las amenazas a la libertad de expresión que sufren los periodistas durante el ejercicio de su profesión. A pesar de ser uno de los países de la región con los mejores índices en este sentido, persisten en el país algunas prácticas que afectan el ejercicio periodístico.
Sólo en lo que va de 2016, el monitoreo de amenazas logró confirmar la existencia de 21 casos, la mayoría de ellos en Montevideo. Entre estos episodios pueden señalarse mayoritariamente la obstrucción del trabajo periodístico por parte de autoridades de organismos públicos, pero también se contabilizan amenazas, hostigamiento, censura, y el uso de la Justicia como mecanismo para impedir la publicación de información de interés público.
Desde que comenzó a realizarse el monitoreo de amenazas, abarcando el período que va desde enero de 2014 a octubre de 2016, se han logrado confirmar al menos 74 episodios, lo cual demuestra que es necesario desarrollar mecanismos más eficientes de denuncia y para garantizar el derecho de los periodistas a ejercer su profesión, de manera de asegurar al mismo tiempo el derecho de la población al acceso de una información veraz, oportuna y de calidad.
Por todo lo antes dicho, abogamos porque estos temas sean jerarquizados en la agenda parlamentaria y política en lo que resta de este período de gobierno.
CAINFO-COALICIÓN POR UNA COMUNICACIÓN DEMOCRÁTICA-APU
