La reunión de la Comisión Interdepartamental de Personas Mayores, realizada el pasado 12 de junio en La Paloma, Rocha, expuso una realidad que atraviesa a todo el país: el cuidado de las personas mayores dejó de ser un tema exclusivamente familiar y pasó a ocupar un lugar cada vez más importante en la agenda pública.
Según informó el Congreso de Intendentes, participaron representantes de Canelones, Durazno, Florida, Maldonado, Paysandú y Rocha. En la sesión se trataron temas vinculados a la atención, la promoción de derechos, la coordinación entre instituciones y las dificultades que enfrentan distintos departamentos para dar respuestas adecuadas a las personas mayores.
El asunto tiene una dimensión social profunda. Uruguay es uno de los países más envejecidos de América Latina. De acuerdo con los datos del Censo 2023 del Instituto Nacional de Estadística, las personas de 65 años y más representan alrededor del 16% de la población. Ese cambio modifica la vida de las familias, los servicios de salud, los gobiernos departamentales, las organizaciones sociales y el propio Estado.
Durante décadas, el cuidado de las personas mayores recayó principalmente en el ámbito doméstico. En muchos hogares, esa tarea fue asumida por mujeres: hijas, esposas, hermanas, vecinas o cuidadoras informales. Sin embargo, el envejecimiento de la población, los cambios en la estructura familiar y las exigencias laborales hacen que esa respuesta privada ya no alcance.
Por eso, uno de los puntos centrales de la reunión fue la necesidad de coordinar un encuentro con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Esa articulación muestra que el problema no puede resolverse desde una sola oficina ni desde una sola intendencia. Requiere políticas nacionales, presencia territorial y capacidad de respuesta en cada comunidad.
La preocupación por las demoras y faltantes de pañales suministrados a través de programas del Mides revela una dificultad concreta, pero también simbólica. Para una persona mayor en situación de dependencia, un insumo básico puede significar higiene, salud, descanso, autonomía y dignidad. Cuando ese recurso falta, la consecuencia no queda limitada a la persona afectada: también aumenta la carga sobre quienes cuidan.
Algo similar ocurre con las viandas y comidas vinculadas al Instituto Nacional de Alimentación. La alimentación adecuada en la vejez no es solo una prestación asistencial. Puede incidir en la salud, en la prevención de enfermedades y en la posibilidad de sostener una vida cotidiana con mayor independencia. Por eso, la revisión de criterios y aportes del Inda aparece como una demanda relevante para los departamentos.
El comunicado también informa sobre la versión final del Protocolo para el Encuentro de Personas Mayores, trabajado por una subcomisión y ajustado por el equipo de la Intendencia de San José. Este punto muestra otra dimensión del tema: las personas mayores no deben ser vistas únicamente como destinatarias de ayuda, sino también como protagonistas de espacios de participación, encuentro y decisión.
La participación de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Rocha, próxima a cumplir 36 años de actividad, refuerza esa idea. Las organizaciones de jubilados y pensionistas cumplen un papel importante porque llevan al ámbito institucional problemas que muchas veces se viven en silencio dentro de los hogares o en pequeñas comunidades.
Uno de esos problemas es el abuso y maltrato hacia las personas mayores. AJUPEN RO hizo énfasis en la necesidad de visibilizar y prevenir estas situaciones, y expresó preocupación por las demoras del sistema judicial para responder a denuncias. El tema no se limita a la violencia física. También puede incluir abandono, maltrato psicológico, abuso económico, aislamiento, negligencia o decisiones tomadas sin escuchar la voluntad de la persona mayor.
En Uruguay, como en otras sociedades envejecidas, persisten prejuicios hacia la vejez. A veces se expresa en formas abiertas de discriminación, pero otras veces aparece de manera más silenciosa: tratar a las personas mayores como si no pudieran decidir, hablar por ellas, excluirlas de actividades o reducir su identidad a la enfermedad y la dependencia.
La sesión realizada en Rocha deja planteado un desafío mayor. Los departamentos reciben demandas directas: insumos, alimentación, actividades, acompañamiento y apoyo ante situaciones de vulnerabilidad. Pero muchas de las soluciones dependen de la coordinación con organismos nacionales, programas sociales, servicios de salud y el sistema judicial.
El comunicado del Congreso de Intendentes muestra que la vejez ya no puede ser abordada como un tema secundario. En un país que envejece, cuidar bien a las personas mayores es también una forma de medir la calidad de la convivencia, la fortaleza de las instituciones y el compromiso real con los derechos humanos.
La discusión de fondo es qué lugar ocupan las personas mayores en la sociedad uruguaya. Si son vistas solo como una carga, las respuestas llegarán tarde y serán insuficientes. Si son reconocidas como sujetos de derechos, con historia, voz y necesidades diversas, las políticas públicas deberán acompañar esa realidad con recursos, coordinación y presencia en el territorio.
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