La descripción hecha por el director departamental del Mides en Colonia, Maxi Olaverry, en una entrevista concedida a Radio del Oeste, deja una imagen nítida y preocupante: el centro de 24 horas ya está colmado, con sus 25 cupos ocupados, antes de la apertura del dispositivo de invierno prevista para mayo. Esa sola información alcanza para una primera conclusión: en Colonia la situación de calle no aparece ya como un fenómeno estacional, sino como un problema estructural, con demanda sostenida y causas sociales más complejas que la sola falta de techo.
La “fotografía” que surge de sus declaraciones muestra varias capas a la vez. La primera es la de un sistema exigido al máximo: un centro lleno, más cupos previstos en pocas semanas y un equipo multidisciplinario que no solo contiene, sino que intenta generar salidas. La segunda es la de un fenómeno que se alimenta de rupturas familiares severas. Cuando el jerarca señala que varias personas llegan al centro “expulsadas por sus familiares”, sobre todo en contextos extremos de adicciones y violencia, lo que aparece no es solo un problema habitacional. Aparece una red doméstica quebrada, agotada o desbordada, incapaz de sostener convivencias conflictivas.
Ese punto es central. La situación de calle, según el cuadro que describe el Mides, no se explica apenas por pobreza o desempleo, aunque ambos puedan estar presentes. Lo que asoma es una combinación de consumo problemático, violencia y fractura de vínculos, es decir, un proceso de exclusión más profundo, en el que la salida no depende únicamente de una cama disponible. Depende también de tratamiento, acompañamiento, revinculación y, en algunos casos, inserción laboral.
Por eso también importa el otro dato que aporta Olaverry: hay personas que dejarían el centro en los próximos días porque lograron recomponer la relación con sus familias o consiguieron trabajo. Esa información introduce un matiz relevante. El refugio no aparece solo como un espacio de permanencia, sino también como un punto de intervención. Hay casos en los que el dispositivo logra funcionar como puente hacia una salida. Pero ese mismo dato, leído con rigor, también sugiere otra cosa: si la salida depende de reconstruir vínculos o acceder a un ingreso, entonces el problema de fondo excede ampliamente la lógica de la emergencia.
El anuncio de 60 cupos más desde mayo, en el Batallón de Colonia y en Carmelo, confirma que el Estado prevé una presión todavía mayor con la llegada del frío. Es una respuesta necesaria, pero también un reconocimiento implícito de insuficiencia. Si el centro permanente ya está lleno antes del plan invierno, la ampliación no corrige un problema nuevo: intenta amortiguar uno ya instalado.
Hay además un elemento político e institucional que merece atención. El director sostiene que Colonia “tiene camino recorrido” respecto de otros departamentos y que existe coordinación con otras instituciones desde el período pasado, incluso en el marco del comité departamental de emergencias. Esa afirmación tiene dos lecturas posibles. La primera, positiva: hay experiencia acumulada, articulación y una red interinstitucional que no empezó ayer. La segunda, más exigente: si con ese camino recorrido el centro ya está saturado, entonces el fenómeno creció o cambió de escala más rápido que la capacidad de respuesta.
¿Qué estado de situación actual deja planteado este escenario? Uno de alta demanda, con capacidad ocupada, causas múltiples y respuestas que ya no pueden ser solo asistenciales. Colonia enfrenta una situación de calle que combina urgencia y cronicidad. Urgencia, porque hay que alojar y proteger. Cronicidad, porque detrás aparecen trayectorias personales y familiares deterioradas que no se resuelven con una respuesta nocturna o invernal.
A partir de lo dicho por el director, hay varias cosas que razonablemente pueden pedirse. La primera es información más precisa: cuántas personas están hoy en situación de calle en el departamento, cuántas ingresaron al centro, cuántas egresaron, cuántas reinciden y cuál es el perfil predominante de la población atendida. La segunda es claridad sobre la red de salida: qué dispositivos existen para consumos problemáticos, qué articulación real hay con ASSE y Salud Mental, qué seguimiento se hace después del egreso y qué herramientas concretas de inserción laboral y habitacional están disponibles. La tercera es territorializar el problema: cuánto pesa Colonia del Sacramento, cuánto pesa Carmelo y qué otras localidades están generando demanda.
También cabe pedir un debate más amplio sobre el rol de las familias. Si una parte de las personas llega al refugio porque su entorno ya no puede sostenerlas, el problema deja de ser exclusivamente individual y pasa a interpelar a todo el sistema de cuidados, salud, convivencia y protección social.
Lo que dijo Olaverry no dibuja una postal excepcional. Dibuja una señal de época. En Colonia, la situación de calle ya no se presenta solo como una emergencia del invierno. Lo que aparece es un problema social persistente, atravesado por adicciones, violencia, quiebre de vínculos y fragilidad institucional de los hogares. Y cuando un refugio está lleno antes de mayo, lo que está en discusión no es solo cuántas camas faltan, sino qué tan preparado está el Estado para intervenir antes de que la expulsión familiar termine, una vez más, en la calle.
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