Montevideo, 23 jul (EFE).- El ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Juan Castillo, se comprometió a revisar la implementación de la ley de acciones afirmativas para personas afrodescendientes y atender la demanda laboral de dicho colectivo en el sector público.
Así lo comunicó este miércoles Castillo durante su intervención en un encuentro en la sede de su cartera y enmarcado en el Mes de la Afrodescendencia.
Aprobada en el año 2013, la ley 19.122 obliga a los organismos públicos a destinar el 8 % de los puestos de trabajo anuales a personas afrodescendientes que cumplan con los requisitos para acceder a ellos.
Sin embargo, desde su entrada en vigor en 2014, no se ha llegado ni a la mitad del porcentaje exigido por la norma y fue 2018 el año con más nuevas contrataciones de esta minoría étnica (3,29 %).
«La ley por si sola no resuelve ninguna contradicción de la sociedad», confesó Castillo en este sentido.
«Al mismo tiempo que debatimos, que discutimos y que elaboramos proyectos de ley, hay que seguir movilizando, porque hacer que la ley se cumpla es un problema de correlación de fuerzas también en nuestra sociedad», añadió el ministro.
Por su parte, el director nacional de Empleo, Federico Araya, consideró que hay un incumplimiento «estructural» y que se necesita una solución. «Si hablamos de más de una década de la ley y nunca se llegó ni siquiera a la mitad ahí, hay una dificultad que como Estado necesitamos resolver», añadió.
En esa dirección, Araya destacó que el Ministerio está trabajando en impulsar un capítulo específico para la población afrodescendiente en la nueva ley de promoción de empleo.
«La manera cómo se puedan mejorar las condiciones de trabajo decente en las cuales la población afro se inserta va a ser fundamental para reducir las brechas en las tasas de desempleo», añadió el director.
Según datos del último censo, el 10,6 % de la población de Uruguay es afrodescendiente. Mientras tanto, el más reciente informe con datos referentes a la estimación de la pobreza presentado por el Instituto Nacional de Estadística señaló que el 28,7 % de esta comunidad vive bajo la línea de pobreza.
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