La Suprema Corte de Justicia resolvió mantener la imputación por tráfico interno de armas contra Robert Yroa, exjefe de Policía de Colonia y exdirector de la Guardia Republicana. Con esta decisión, el alto tribunal habilitó la realización de un juicio oral y público para esclarecer si el oficial incurrió en delito al transferir, sin autorización, un arma que debía estar bajo resguardo del Estado.
Según el fallo, al que accedió el medido digital El Observador, tres de los cinco ministros entendieron que el caso plantea “una cuestión debatible y compleja” que debe resolverse con pruebas en juicio. El arma en cuestión fue entregada a un particular en 2016, cuando Yroa aún era jerarca, y formaba parte del equipamiento importado por el Ministerio del Interior con fines específicos.
La Fiscalía sostiene que el exjefe policial no cumplió con los trámites exigidos y que omitió entregar el arma al Servicio de Material y Armamento, como obliga la normativa. La defensa, por su parte, argumenta que Yroa tenía autorización por su calidad de funcionario policial y que el plazo para regularizar ese tipo de armas sigue vigente hasta 2025.
Aunque un Tribunal de Apelaciones había sobreseído a Yroa, la Corte revirtió esa decisión y coincidió con la Fiscalía en que el juicio es el ámbito adecuado para dilucidar los hechos.
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