Integrantes del principal partido de oposición y autoridades de gobierno chocaron en sus posturas sobre un cambio en la reglamentación antitabaco que el Gobierno dispuso para combatir el contrabando de cigarrillos y que es visto por los opositores como un «retroceso» en las políticas de salud.
Un decreto firmado por el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, que permitió incorporar en los cigarrillos y el interior de las cajetillas «elementos distintivos» para distinguirlos de mercadería falsa encendió alarmas en Uruguay, país considerado pionero en la lucha contra el tabaco.
Ese fue al menos el tono de la reacción en filas del Frente Amplio (FA), pues fueron las políticas antitabaco implementadas por el expresidente frenteamplista Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) las que colocaron a Uruguay en ese podio.
Ante esta medida, iniciativa del actual Ministerio de Industria, Energía y Minería, el FA, que recordó en sus redes que el país fue «referencia en el mundo» no solo como pionero en aplicar a fondo el Convenio Marco para el Control del Tabaco, sino por ganar tras seis años un juicio que Phillip Morris inició en respuesta, respondió con un enérgico rechazo.
«Muy grave. Atentado a la Salud Pública. Resistir y luego reconstruir», anotó en Twitter la exministra de Industria durante el segundo mandato de Vázquez y actual intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.
En la misma línea se manifestó en diálogo con la prensa la exviceministra de Salud y actual diputada por el FA Cristina Lustemberg, quien afirmó estar «muy sorprendida» y ver la medida con «mucha preocupación».
«Es un claro retroceso que impacta directamente en la salud de las y los uruguayos. La política implementada en contra de todos los efectos que produce el tabaquismo es algo que unánimemente la ciudadanía uruguaya ha visto el impacto que ha tenido», remarcó, y añadió que es alarmante que las instituciones referentes no hayan sido consultadas.
«Nuestro país tiene una institucionalidad muy clara, tiene la Comisión Asesora de Control de Tabaco, que no ha sido consultada», sentenció.
Otra fue la postura del Ejecutivo, en tanto el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, declaró a la prensa que su cartera avaló la iniciativa porque «no generaba un perjuicio significativo» a la salud.
Salinas argumentó que, en tanto no se cambió la advertencia con pictogramas que se coloca al frente de las cajetillas y tampoco se modificaron los impuestos a las tabacaleras ni la prohibición de la publicidad, la medida solo contribuye a evitar el contrabando y la circulación de cigarrillos que no pasan por los controles pertinentes.
«Hoy existen muchísimos cigarrillos de contrabando que perjudican la salud de los uruguayos porque tienen cero control de calidad, entonces no es un tema de beneficiar la industria sino al consumidor en el sentido de que consuma un producto perjudicial para la salud como es el tabaco pero con los controles de calidad que exigimos», expresó. (EFE)
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