El Gobierno argentino oficializó este martes la creación del programa «Puente al empleo», que busca transformar los planes sociales abonados por el Estado en empleo formal.
Según un decreto publicado en el Boletín Oficial, el nuevo programa establece que los empleadores del sector privado que contraten nuevos trabajadores que participen en programas sociales, educativos o de empleo gocen de una reducción de sus contribuciones patronales con destino a la seguridad social, que serán compensadas con aportes del Tesoro nacional.
Los empleadores también tendrán la posibilidad de imputar la asignación dineraria de los programas sociales a cuenta del pago de la remuneración de esos nuevos trabajadores.
El beneficio tiene un plazo de doce meses contados a partir del inicio de la relación laboral.
El nuevo programa entrará en vigencia el 1 de octubre próximo y se aplicará en las relaciones laborales que se inicien durante los 24 meses posteriores.
El decreto prevé que si se discontinúa el contrato de trabajo antes de los doce meses, los trabajadores puedan continuar percibiendo las asignaciones de dinero que brindan los programas sociales o acceder a la prestación por desempleo si trabajaron entre ocho y doce meses.
El ministro de Economía, Sergio Massa, dijo hace dos semanas que el Gobierno aspira a que el año que viene se puedan incorporar a más de 200 mil beneficiarios a este programa.
La tasa de desempleo de Argentina era de sólo 7 % en el primer trimestre de este año, pero la informalidad alcanza a la mitad de los trabajadores, entre asalariados «en negro» (que no reciben aportes a la seguridad social) y cuentapropistas.
En este contexto, los trabajadores vulnerables reciben tres tipos de ayuda sociales, la llamada Asignación Universal por Hijo, la tarjeta alimentaria y los planes sociales, que llegan a trabajadores informales o personas que no buscan trabajo.
Pero las organizaciones sociales que intermedian esos planes sociales abonados por el Estado están siendo cuestionadas por la política y la ciudadanía por manejos indebidos del dinero y por la pérdida de control por parte del Estado.
De hecho, el ministro de Economía promueve una auditoría de los planes sociales y programas de capacitación para la vuelta al trabajo formal.
Al mismo tiempo, las organizaciones sociales marchan casi todas las semanas para pedir un incremento de los planes sociales y la creación de un salario básico universal que cubra la canasta de indigencia.
Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, los programas de ayudas sociales alcanzaron al 44,7 % de los argentinos en 2021. EFE
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