Por Paula Cobas*
Nuevamente Uruguay coquetea con la idea de formar parte de un selecto club de países productores de petróleo. El reciente descubrimiento de yacimientos en las costas de Namibia, aviva la llama del sueño de encontrar petróleo en el territorio nacional, luego de los resultados negativos de las exploraciones iniciadas en 2017.
Sin embargo, esta elite de países se encuentra hoy cubierta por un velo de decadencia, que si bien recuerda un pasado glorioso, hoy evidencia un presente, cuando menos, incierto. Medio siglo atrás, las afortunadas economías que contaban con recursos de hidrocarburos, contaban con la ilusión de una fuente inagotable de ingresos, que habilitaba todo tipo excesos, desde inmensas obras de infraestructura, la construcción de gigantes estados de bienestar, y/o simplemente el engrosamiento de las arcas de empresarios e inversores. Hoy hablar de explotaciones de petróleo alcanza una dimensión opuesta.
Producir petróleo es casi una mala palabra en el concierto internacional de organizaciones que impulsan el desarrollo. Las compañías petroleras se han transformado en villanos, y parece casi imposible usar las palabras combustibles fósiles sin estar seguidas de términos como energías renovables y movilidad sostenible.
El oscuro episodio de la guerra de Rusia sobre Ucrania ha disparado una vez más los precios del petróleo, lo que no hace más que echar leña al fuego, evidenciando la necesidad de reducir la dependencia de este combustible, y la consiguiente exposición a shocks de oferta que permean la estabilidad de las economías importadoras.
Cada vez con más fuerza, la necesidad de enfrentar la crisis climática y ambiental avanza en el discurso de gobiernos, organismos internacionales, empresas multinacionales y personas comunes y corrientes, en su mayoría jóvenes, que sienten el peso del tiempo sobre un futuro cada vez más incierto. Y en medio de este cambio cultural y político sin precedentes, nos enfrentamos nuevamente a la posibilidad de encontrar petróleo en nuestro territorio, y por tanto una disyuntiva que presenta, al menos, tres aristas: económica, ambiental y moral.
Los impactos económicos del descubrimiento y explotación de recursos naturales han sido ampliamente estudiados. Haciendo algunas estimaciones rápidas, contar con explotación de petróleo le permitiría al país dejar de importar cerca de 16 millones de barriles de petróleo anuales, que al precio estimado del barril de petróleo al día de hoy (USD 110 por barril) representa aproximadamente unos 1760 millones de dólares anuales (aproximadamente el 3 % del PBI).
A su vez, dependiendo del tamaño potencial del yacimiento y la curva de explotación temporal, un escenario conservador podría implicar la extracción de algo más de 1000 millones de barriles de petróleo durante 30 años, derivando en un ingreso potencial promedio anual de USD 1900 millones adicionales por exportaciones.
Adicionalmente, debe considerarse el incremento de la producción nacional, derramando en diferentes industrias proveedoras del sector petrolero, generación de empleo directo e indirecto, incremento en los ingresos del estado a través de la recaudación impositiva, todo esto sustentado en una fuerte expansión de la inversión extranjera directa en el país. Pero una evaluación de este tipo dista de ser completa.
Los beneficios económicos derivados de la renta petrolera pueden analizarse a la luz la llamada “maldición de los recursos naturales”, expresión que ilustra posibles resultados negativos de contar con una economía que se concentra en un recurso natural.
Uno de los principales efectos esperados del desarrollo de la actividad petrolera, es la reasignación de los factores productivos hacia el nuevo sector de explotación, en desmedro de otros sectores, como ser el sector industrial transable, llevando a lo que usualmente se conoce como “enfermedad holandesa” (Corden y Neary,1982).
Esta situación predice que la explotación de un recurso natural, tendrá un impacto en la balanza comercial (por aumento de exportaciones o sustitución de importaciones) que deriva en la apreciación real de la moneda, y por consiguiente, en pérdida de competitividad en la economía, afectando las restantes actividades transables.
Estimar el impacto directo e indirecto derivado de la explotación de petróleo requiere por tanto, el análisis de posibles escenarios alternativos sobre el uso de la renta petrolera, considerando opciones sobre la utilización del espacio fiscal y sobre la esterilización del ingreso de moneda extranjera a través de la balanza comercial. Pero aún en estos escenarios, todo indica un impacto positivo sobre el crecimiento durante los próximos 20 a 30 años.
Pero el crecimiento de la producción nacional no necesariamente implica un mayor desarrollo para el país. El desarrollo sostenible, que cada vez con más fuerza se inserta en el análisis económico tradicional, implica mejorar las condiciones de vida de las personas, sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras.
Esta mirada concibe el crecimiento económico como inexorablemente entrelazado con las condiciones sociales y ambientales asociadas a éste. Uruguay, al igual que la gran mayoría de los países, se ha alineado a una Agenda para impulsar el desarrollo sostenible (Agenda 2030 de Naciones Unidas), y reconoce la emergencia que enfrenta hoy nuestro planeta vinculada al cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.
Y consecuentemente, el país ha venido trabajando en forma continua en mitigar el cambio climático, en adaptar sus sistemas productivos para incrementar la resiliencia frente eventos climáticos extremos y proteger la biodiversidad de sus ecosistemas. Desde la adhesión a declaraciones internacionales, la adopción de compromisos ambientales hasta la movilización de capital público y privado para financiamiento climático, el país ha ido forjando su lugar a nivel global como un productor sostenible de alimentos, como modelo de transición energética renovables y como impulsor de innovaciones en instrumentos para el financiamiento sostenible, como ser la propuesta bajo estudio de emitir un bono soberano atado a objetivos ambientales.
Más aún, el país ha presentado una meta aspiracional de neutralidad en Carbono hacia el año 2050 alineada a su estratégica climática.
Esta visión de un país comprometido con la crisis ambiental, choca de frente con un país que incentiva la explotación de petróleo. Según la Agencia Internacional de Energía, el uso de petróleo y derivados continua creciendo año a año, al igual que los recursos destinados a la exploración y extracción de combustibles fósiles en el mundo, incentivado por otorgamiento de permisos públicos, apoyo gubernamental mediante subvenciones e inversión directa.
Para alinearse a los objetivos climáticos, se recomienda que los gobiernos retiren sus apoyos para la producción y el consumo. Surgen inmediatamente preguntas como: ¿Es posible posicionarse como una economía que aspira a ser carbono – neutral y a la vez impulsar el desarrollo de inversiones que promueven la expansión de los combustibles fósiles? ¿Deben los países como Uruguay, que contribuyen con tan solo el 0,04% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, resignar la explotación de un recurso natural que continuará siendo valioso y demandado por al menos los próximos 30 años, mientras otros países continúan cosechando ganancias?
No parece justo restringir la explotación de petróleo por nuevas economías, sin al mismo tiempo imponer restricciones a la producción realizada por países que han venido explotando este recurso desde hace tantos años, contribuyendo al “ business as usual”.
La calidad del medio ambiente constituye un bien público global. Como tal, el equilibrio en la explotación y uso de este bien desde la perspectiva individual de cada economía no es el mismo que aquel que se obtiene cuando todas las economías se analizan como un conjunto.
Es preciso evaluar como cerrar la brecha existente entre ambos. Quizá deberíamos preguntarnos es si es posible establecer un sistema de supranacional que establezca los incentivos adecuados, llevando a disminuir gradualmente la producción de combustibles fósiles a nivel global, sin limitar las posibilidades de crecimiento económico de otros países.
En esta línea, explorar mecanismos de compensación donde países potencialmente productores de petróleo sean compensados económicamente por el equivalente al ingreso al que renuncian al no explotar nuevos yacimientos, permitiría limitar el crecimiento de la explotación de hidrocarburos, asumir el costo que el consumo mundial del combustibles fósiles representa y equilibrar la balanza a la hora de enfrentar la aparente dicotomía entre desarrollo sostenible y crecimiento económico.
*Investigadora de Cinve. MSc en Economia por la Universidad Pompeu Fabra (Twitter: @PaulaCobas, correo: [email protected])
** Entrada escrita para el Blog SUMA de CINVE www.suma.org.uy.
*** Autorizada su publicación en Carmelo Portal por el CINVE.
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